¿Al borde de la disolución? Telefónica del Perú solicitará ante Indecopi un Procedimiento Concursal Ordinario [VIDEO]

No hay plata. Telefónica del Perú no podría pagar sus deudas y ha acordado solicitar un Procedimiento Concursal Ordinario (PCO) ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para reestructurar sus obligaciones financieras, con la intención de poder garantizar la prestación ininterrumpida de los servicios de telecomunicaciones que provee a más de 13 millones de clientes en zonas urbanas y rurales del Perú.

La filial de la empresa española en el país no se ve en la posibilidad de cumplir con sus deudas sin poner en riesgo sus operaciones, por lo que pedirá que se inicie este proceso para que, mediante una junta de acreedores (entidades y personas a las que la empresa debe) decidan el futuro de la compañía.

Así, la operadora de Movistar apostará por pedir la restructuración de su deuda con un plan para seguir siendo sostenible y mantener su negocio en Perú. Sin embargo, esto dependerá finalmente de lo que decida la junta de acreedores, quienes tendrán el destino de la compañía en sus manos.

Telefónica señaló en su comunicado oficial que continuará prestando servicios sin interrupción a sus más de 13 millones de clientes en zonas urbanas y rurales del Perú. Como se sabe, según el artículo 31 de la Ley General del Sistema Concursal dispone que la declaración de concurso de un deudor no implica el cese de su actividad empresarial, excepto en los casos en los que la Comisión declare la disolución y liquidación del deudor.

Así, en la práctica la evaluación de este pedido podría tomar “más o menos cuatro meses”, señaló Pamela Arce, socia del área de Reestructuración e Insolvencias en Hernandez & Cía. para Infobae Perú, según su experiencia en otros casos similares. Si se admite a trámite la solicitud, se va a declarar el inicio de este procedimiento concursal ordinario.

Tras esto, según la experta, puede tomar alrededor de un año el convocar a la junta de acreedores (estos pueden ser inclusive hasta trabajadores con las que la empresa tenga deudas) para que luego estos decidan sobre el futuro de la compañía. Con estos plazos aproximados, se podría ver en junio ya el inicio de este proceso, y a mediados de 2026 se podría convocar a la junta de acreedores que evaluara si acepta la restructuración o su disolución.