Adrianzén en la ONU: el premio consuelo para el escudero de Dina Boluarte

Para representar al Perú ante las Naciones Unidas no basta con lucir un traje diplomático o exhibir una sonrisa en cócteles internacionales. Se requiere, como mínimo, una sólida formación académica en relaciones internacionales, derecho internacional, ciencias políticas o economía, así como experiencia comprobada en negociaciones multilaterales, derechos humanos, medioambiente, desarme y cooperación internacional. Y por supuesto, el dominio de idiomas: inglés y francés son esenciales para poder desempeñarse con solvencia en una de las organizaciones multilaterales más importantes del planeta.

Sin embargo, todo esto parece ser irrelevante para el gobierno de Dina Boluarte. En su lógica clientelista y autoritaria, los cargos se otorgan no por méritos, sino como premios a la obediencia ciega y subalterna. Es así como se explica la reciente designación de un bufón como Gustavo Adrianzén Olaya como representante permanente del Perú ante la ONU. Un personaje que no solo carece del perfil técnico, sino que ni siquiera habla inglés. ¿Cómo se supone que interactúe con sus pares? ¿Llevará un intérprete colgado del brazo a cada encuentro? ¿O simplemente se limitará a asentir mientras se sirve otra copa de vino?

Este es el sello de un régimen que opera al margen del sentido común y de la decencia institucional. Boluarte Zegarra, que asumió la presidencia en medio de una severa crisis de legitimidad y que ha gobernado con represión y desconexión, ahora premia a sus fieles vasallos con cargos diplomáticos dorados. Adrianzén Olaya, quien salió por la ‘puerta trasera’ de la Presidencia del Consejo de Ministros, no mereció jamás este encargo. Pero ahí lo tenemos, partiendo rumbo a Nueva York para asistir a recepciones lujosas, disfrutar cenas pomposas y cobrar un salario envidiable en dólares, a costa del erario público.

Mientras tanto, en el Perú, las balas del crimen organizado no discriminan entre mineros, bodegueros o transeúntes. Y el mismo Adrianzén Olaya, en su paso por la PCM, no hizo más que repetir su lealtad incondicional a Boluarte Zegarra, dejando de lado cualquier compromiso real con los intereses nacionales. Prometió una “amplísima vocación de servicio” a la presidenta, y vaya que cumplió: sirvió exclusivamente a ella.

Hace apenas dos semanas, en una conferencia de prensa plagada de hipocresía, Gustavo Adrianzén anunció su renuncia a la PCM, no sin antes dejar en claro que estaba disponible para otro «trabajito» en el Estado. Dicho y hecho. El «trabajito» llegó: una embajada de lujo. Este tipo de favores políticos no solo son inmorales, son insultantes para una ciudadanía que exige transparencia, meritocracia y dignidad.

¿Y cómo olvidar su defensa servil ante el escándalo del aumento del sueldo presidencial? En lugar de exigir explicaciones, salió a proteger a Dina Boluarte, echándole la culpa al MEF y a Servir, como si los peruanos fueran ingenuos. Pero su historial no comienza ahí. En 2015, como ministro de Justicia de Ollanta Humala, fue el ejecutor del oscuro encargo de destituir a la procuradora Julia Príncipe, quien osaba investigar a Nadine Heredia. Misión cumplida, renunció y se desvaneció del radar político.

Hoy, una década después, vuelve a escena como el escudero de la presidenta Boluarte, repitiendo el mismo libreto de sumisión, de encubrimiento y de obediencia enfermiza. ¿Quién garantizó la salida secreta de Nadine hacia la embajada de Brasil? Las preguntas persisten, y los rostros se repiten.

Gustavo Adrianzén no es nuevo en el arte de sostener gobiernos oscuros. Su tenacidad para aferrarse al aparato público es proporcional a su descaro. Su nombramiento en la ONU no solo es injustificable: es una burla. Una vergüenza y deshonor a la carrera diplomática, a los estándares internacionales, y sobre todo, a un país hastiado de improvisación, clientelismo y decisiones de baja estofa.