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Admiten demanda de amparo presentada por los familiares de Alan García para que no se acceda a información de dos celulares

Dispositivos móviles pertenecían al finado ex presidente. Fiscal Domingo Pérez tenía la intención de revisarlos para hallar pruebas.

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Con los “problemas técnicos” ocurridos el viernes pasado para acceder a dos celulares que pertenecían al ex mandatario Alan García Pérez, la familia del finado consiguió tiempo para que se admita una demanda de amparo para declarar la nulidad de la autorización de acceso a la información contenida en dos teléfonos celulares del exgobernante, según confirmó ayer el Poder Judicial (PJ).

Como se recuerda, la autorización de acceso a los celulares de García fue solicitada por el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez en el marco de un proceso contra sus exfuncionarios por lavado de activos y colusión, pero su intento por ingresar a esa información se frustró hace una semana por “problemas técnicos”.

“La diligencia se ha pretendido instalar, aunque las defensas han solicitado la suspensión por acciones de tutela que han planteado, pero el aspecto técnico es el que lamentablemente no ha permitido llevar a cabo esta diligencia”, declaró Pérez a los periodistas en esa fecha.

Fiscal Domingo Pérez sigue sin poder acceder al contenido de los dos celulares.

Los hechos que han motivado el pedido de acceso a los celulares de Alan García se refieren a la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima y la continuación de la construcción del Corredor Vial de la Interoceánica Sur (Tramo 2 y 3), en lo que se ha comprendido al exministro Enrique Cornejo y al ex secretrario presidencial Luis Nava, entre otros funcionarios del segundo gobierno del líder del Partido Aprista.

A comienzos de mayo pasado, el exdirector de la empresa estatal Petroperú Miguel Atala declaró en una audiencia judicial que entregó 1,3 millones de dólares a García provenientes de una cuenta que abrió en Andorra a solicitud de Nava y del exdirectivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata.

José Domingo Pérez confirmó que las defensas de los implicados en el caso han presentado acciones de tutela ante los tribunales y señaló que acudirá ante el “Poder Judicial para señalar que todas las actuaciones se han llevado a cabo respetando los derechos y garantías del suceso”.

Recordó que, en dos instancias, los jueces peruanos han resuelto que “sí se puede revisar todo aquello que tenga interés criminal para la investigación”.

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