Actual abogado de Pedro Castillo se habría beneficiado con órdenes de servicio durante gobierno de su defendido [VIDEO]

No era ‘amor al chancho’, sino a los tremendos ‘chicharrones’. Resultaba más que sospechoso cómo así el ex presidente Pedro Castillo ha ido cambiando de abogados como si se tratara de camisas, pero no de cualquier abogado estamos hablando, sino de letrados cuyos honorarios no son del todo módicos para un simple ciudadano de a pie.

El último de ellos es Guido Leandro Croxatto y es natural de Argentina; es un abogado especialista en Derechos Humanos, y ha cursado posgrados en Derecho Público Constitucional, y conoce el ámbito jurídico de países como Chile, España y Alemania.

Asimismo, el jurista funge como director del Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social (Incrides) en su país natal, presentándose como un “hombre de izquierda”, y no tiene ningún reparo en mostrarse cercano a distintos mandatarios de Latinoamérica como Gustavo Petro, de Colombia; Lula da Silva, de Brasil; o Gabriel Boric, de Chile, por mencionar solamente a algunos.

Un revelador informe del programa Panorama detalla que Incrides se hizo de ordenes de servicio durante el gobierno de Pedro Castillo, la cual pertenece a su actual abogado, nos referimos nada menos que del argentino de izquierda Guido Croxatto.

Según las investigaciones, los vínculos entre Incrides y el Ejecutivo nacen durante la gestión del ex presidente Martín Vizcarra, pero la orden de servicio ganada por Incrides se produjo durante el mandato de Pedro Castillo.

Un pago de 15 mil soles solamente por una capacitación virtual ofrecida por Incrides a 20 trabajadores del Ministerio del Interior el pasado 24 de octubre del año pasado dan muestra de cómo se estaría beneficiando Croxatto con su cercanía a Pedro Castillo, al cual, según el abogado argentino, es el legítimo presidente del Perú.

“Lo central de mi argumentación no es (solo) la atipicidad de un mensaje a la Nación que no cumplió con las formalidades exigidas para ser tal (debía estar rubricado por el Consejo de Ministros y no lo estuvo, se le imputa un delito de alzamiento en armas sin armas, una conspiración hecha en soledad, cuando se exige el concurso de dos o más personas, cosa que sí podría imputarse a la presidenta actual en los 70 crímenes de Estado; se le imputa flagrancia cuando la misma, según el penalista (Felipe) Villavicencio, supone la detención en el lugar de los hechos, y no por una orden superior, como reconoce la policía, sino por una percepción material; no habría rebelión, ni conspiración, ni flagrancia: esto quiere decir atipicidad), sino sobre todo a la faz procedimental. El eje de mi argumento no es de fondo, como sugiere El Comercio, es procesal. No hay que confundir. Mi argumento es sobre la irregularidad del procedimiento de la vacancia contra Castillo. No es sobre el derecho de fondo, sino sobre (usando un lenguaje algo en desuso, pero ilustrativo aún para la doctrina constitucional y procesal penal) el derecho de forma”, explicó la situación de su defendido para el diario El Comercio el pasado 23 de marzo del año en curso.

Pero ahí no queda todo. Según información de su página web, la sede Incrides se ubica en la avenida Javier Prado, pero en el lugar no existe ninguna oficina vinculada a esta empresa.