Al partido naranja no le importa pedir la nulidad de diez o cien mil actas, si de imponerse en una elección se trata. A sus abogados, que no tienen noción de lo ético y lo justo, tampoco. Por ello una horda de “letrados” white collar (provenientes de los más rankeados bufetes limeños) se ha empecinado en sustentar la leguleyada de un posible “fraude comunista”. Para contrarrestar esta avanzada naranja, el jurisconsulto Edison Tito Peralta “El Wanka”, secundado por el letrado Julio Arbizú, está preparando una denuncia contra los abogados implicados en esta componenda antidemocrática.
Esta denuncia se sumaría a la que presentó el Frente Amplio el día de ayer, por los hechos de connotación penal que configurarían el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas. Este es un capítulo más de la polarización, que sigue viviendo el país ad portas del bicentenario.
Luego de los comicios, Keiko Fujimori instó a la ciudadanía a enviar información sobre posibles fraudes en las elecciones de segunda vuelta. Para ello utilizó el hashtag “fraude en mesa” y desde entonces esa frase ha sido la etiqueta de múltiples denuncias, por aquí y por allá. A su vez, una caterva de abogados limeños trabaja incansablemente en el “noble” propósito de voltear el partido antes del pitazo final. Todos sus conocimientos jurídicos están concentrados únicamente en revisar actas donde Pedro Castillo tenga mayoría. Según ellos, los personeros del profesor Castillo han cometido “fraude”, por lo que han pedido la nulidad de estas actas, en diversos lugares del país.
Su consigna es obtener en mesa los votos que no se consiguieron en la cancha.
La candidata naranja ha explicado su estrategia: presentar pedidos de nulidad. Estas leguleyadas le cuestan al partido fujimorista más de 800 000 soles, pero eso no representa un inconveniente para el objetivo mayor, que consiste en hacerse con el poder. Para llevar adelante esta estrategia, los abogados fujimoristas han clasificado el posible “fraude” en distintas categorías, que incluyen la supuesta falsificación de firmas, la falsificación de resultados en mesa, el reemplazo de miembros de mesa y miembros de mesa con apellidos idénticos. Con estas maquinaciones, los abogados de cuello blanco se empeñan en pedir la nulidad de actas, lo cual no procede porque el escrutinio de votos es irrevisable.
La norma es clara: El artículo 284 ° de la Ley Orgánica de Elecciones señala que el escrutinio realizado en Mesa de Sufragio es irrevisable. Los Jurados Electorales Especiales se pronunciarán sólo sobre las apelaciones que se hubiesen interpuesto contra las resoluciones de la Mesa respecto de las impugnaciones a que se refieren los artículos 268 ° y 282 ° de la presente ley y sobre errores materiales en que se puede haber incurrido en las operaciones aritméticas del escrutinio.
Pero no solamente eso, los abogados de cuello blanco estarían contraviniendo una regulación jurídica: sus asesorías no pueden ser consideradas voluntarias o pro bono, sino un aporte en especie. Las normas electorales son claras. El aporte en especie, que supere el mínimo permitido, está prohibido por ley, por lo que estas asesorías calificarían como fuentes de financiamiento legalmente prohibidas, lo que constituye delito. A ello se suma que estos aportes no han sido declarados legalmente, por lo cual se constituye otra vulneración a la normativa electoral. En la desesperada carrera por hacerse con el poder, los abogados de la cúpula naranja estarían contraviniendo normas electorales, de un modo flagrante.
En ese sentido, el Frente Amplio ha presentado una denuncia contra los abogados que están vulnerando la ley electoral. A ellos se suman los abogados Edison Tito Peralta “El Wanka” y Julio Arbizú, que también presentarán una denuncia penal contra los letrados fujimoristas involucrados en este chanchullo jurídico.
