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Abogado Mario Amoretti sobre acusación contra Merino y otros presuntos implicados: “No tiene sustento legal”
Penalista asevera que Gastón Rodríguez, Ántero Flores-Araóz, y ex presidente Merino no tienen responsabilidad en hechos ocurridos el 14 de noviembre del año pasado.
A casi un año de la muerte de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado la justicia peruana aún no ha encontrado a los responsables de los disparos que acabaron con las vidas de ambos.
Ante ello, el pasado 4 de octubre la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos presentó una denuncia constitucional contra el ex presidente de la República, Manuel Merino de Lamas, el ex presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Áraoz, y el ex ministro del Interior Gastón Rodríguez, al ser sindicados como los presuntos autores de las muertes de Inti y Bryan durante las protestas del 14 de noviembre.
Los ex altos funcionarios fueron denunciados como presuntos autores (por omisión impropia) de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves –a título de dolo eventual– por incumplir su deber constitucional y legal en el ejercicio de sus cargos como las más altas autoridades del país.
Ante esa denuncia, el abogado penalista Mario Amoretti señaló que la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación contra los presuntos autores carece de sustento legal.
El abogado, en conversación para RPP, indicó que tanto su defendido como las demás exautoridades no tienen culpabilidad en las represiones policiales durante las protestas del pasado noviembre.
«Esta imputación que le hacen a Manuel Merino, Flores-Aráoz y Rodríguez no tiene sustento legal. Cuando recién inician la investigación, se sostiene que ellos son responsables por haber dado la orden de un uso exceso en la represión a manifestantes y posteriormente, en la denuncia, dice que son responsables por haber omitido porque ellos tienen la condición de garantes y no hicieron nada para impedir el uso de la fuerza», explica.
Amoretti señaló además que los planes de contingencia de las marchas los armó la Policía Nacional, más no los altos funcionarios. «El plan operativo fue elaborado antes del 9 de noviembre y para efectos de aprobación del plan interviene única y exclusivamente la Policía porque se les preguntó a los generales«, indicó.
Al ser cuestionado sobre si el general Gastón Rodríguez tenía conocimiento sobre el abuso policial, este señaló que su cliente asumió el cargo del 12 de noviembre y que las muertes de los jóvenes se dieron dos días después.