Abogada penalista Romy Chang indica que no existe discriminación contra quienes son prohibidos de ingresar a espacios cerrados

La polémica por recibir las vacunas contra el Covid-19 ha desatado una serie de debates respecto al rol que tiene el Estado como entidad que salvaguarda la salud de todos los ciudadanos y la propia autonomía del individuo al querer oponerse a recibir una vacuna que ellos piensan es perjudicial para su organismo.

A propósito de este interesante tema que trata sobre derechos fundamentales, la abogada penalista Romy Chang, en entrevista para Exitosa, explicó que no habría una vulneración contra la identidad de la persona en cuanto no se estaría cometiendo discriminación contra aquellos sujetos que se les restrinja el acceso a espacios cerrados por no presentar su carnet de vacunación contra el Covid-19 que corrobore que ya recibieron sus dos dosis.

“No aplica, porque el delito de discriminación implica dar un trato distinto a una persona sin ninguna justificación. En este caso no se está imponiendo la obligación de vacunarse porque se quiera discriminar a alguien sino porque lo que se quiere es luchar contra una situación de riesgo público a la salud pública. Hay una justificación de por medio y eso hace que no se pueda hablar de discriminación como delito”, indicó Chang.

Agregó la jurista que es normal que estemos en desacuerdo con algunas normas, pero no podemos cometer delitos al desobedecerlas porque sí o sí estas tendrán consecuencias.

Por otro lado, Chang Kcomt se refirió sobre el paulatino crecimiento de venta de carnets falsos de vacunación para precisamente ingresar a esos locales cerrados, aseverando que esas personas que se dedican a elaborar esa falsa documentación podrían recibir hasta una pena de 10 años de cárcel.

“Hablamos de un documente público, por lo tanto, su falsificación no solo incluye al que lo hace, sino al que lo compra. Es una cosa bastante grave […] Si las autoridades detectan que un carnet es falso procede la detención inmediata, porque es un delito en flagrancia. Este delito es bastante grave y se sanciona con una pena de cárcel que la mayoría de veces es efectiva. No hay ningún atenuante, de dos a diez años de cárcel”, señaló.

Minsa viene investigando presuntos casos de inscripción ilegal de vacunados contra el Covid-19

Por su parte, el ministerio de Salud viene informando que han solicitado ante la Procuraduría del sector y la Policía una rápida investigación para constatar los presuntos actos de inscripciones ilegales donde los sujetos aparecerían en el padrón de vacunados sin haber recibido ninguna dosis, para así detectar a los inescrupulosos a fin de iniciar las acciones legales y administrativas.

A través de un pronunciamiento, el Minsa informó que ha tomado medidas para reforzar la seguridad del padrón de vacunación. Además, recordó que la exigencia de presentar el carné de vacunación busca lograr la protección colectiva frente a la COVID-19 y, por ello, se invoca a la ciudadanía a aplicarse sus dos dosis de vacuna.

«El Minsa condena todo tipo de acto de corrupción y llevará la denuncia del caso hasta las últimas consecuencias», señalaron.