Las mal llamadas “prácticas culturales” que el ministro de Educación, Morgan Quero, intentaba defender, son una muestra más de la lejanía del Estado de Derecho hacia muchas poblaciones que aún no se desligan de costumbres vetadas por la comunidad internacional, defensores de los Derechos Humanos, así como por cualquier persona con dos dedos de frente.
En Bagua, Amazonas, dos niños awajún fueron cruelmente castigados con ishanga, una ortiga tropical que produce fuerte, dolor picazón y ardor por varios días, como una terrible forma de “corregir su comportamiento”, en referencia a supuestas conductas afeminadas, según lo denunció el activista Euner Kajekui.
El activista awajún de la comunidad LGBTIQ+, Euner Kajekui, denunció los actos de agresión y tortura a los que fueron sometidos los menores por parte de personas adultas de dicha comunidad, que consideran una costumbre, pero se trata de un acción homofóbica.
Euner Kajekui contó que él mismo sufrió anteriormente castigos similares y señaló que el “método tradicional” de aplicar ishanga puede causar hasta cuatro días de intenso dolor y ronchas en el cuerpo.
Dijo que estas agresiones físicas se mantienen vigente en la comunidad awajún de Bagua, como respuesta punitiva hacia comportamientos considerados inadecuados por ciertos sectores. El activista decidió difundir el video en el que un menor es sometido a esa práctica, en el que se escucha gritos desesperantes.
No obstante, parte de la población insiste erróneamente que el uso de ishanga es una práctica ancestral. Al respecto, defensores de los derechos humanos señalan que ello constituye una forma de maltrato y abuso infantil.
Ministerio de la Mujer en contra de maltrato infantil
Al respecto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) rechazó cualquier tipo de violencia contra nuestras niñas, niños y adolescentes. “El MIMP ha tenido acceso a un video que está circulando en redes sociales, en el que se muestra castigos físicos a niños en una comunidad indígena de nuestro país. Estamos tomando medidas para identificar el lugar de los hechos y a los posibles afectados, con el fin de intervenir y contribuir a su protección”, señaló en la red social “X”.
Además, lamentó que según la Encuesta Nacional Sobre Relaciones Sociales (Enares) en el Perú el 58,5% de la población adulta tolera o justifica el castigo físico a niñas, niños y adolescentes, “una realidad que debe ser revertida por el bien de las infancias”.