Una sola onza de oro (28,350 gramos aprox.) en el mercado internacional puede valer alrededor de 3,500 dólares americanos, y según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE) la minería ilegal exportó más de 90 toneladas solo el año pasado, cifra superior en un 20 % a la del 2023 y que de acuerdo a la tendencia se incrementaría una vez más este 2025. Un negocio sumamente lucrativo por donde se le mire, sobre todo cuando se considera que está libre de impuestos. Sin embargo, para que ese codicioso mineral salga, muchas de esas organizaciones habrían tenido conversaciones con algunas cabezas del Estado, entre comisarios, alcaldes, gobernadores, comandantes, y hasta quien sabe la propia mandataria también estaría al tanto de las oscuras movidas.
Los primeros en beneficiarse obviamente son los líderes de esas organizaciones criminales, llevándose millones de dólares a sus bolsillos, los cuales posteriormente son utilizados para la adquisición de armamento de última generación, granadas, chalecos antibalas, camionetas, mercenarios y equipamiento de rastreo. Pero ellos no pueden trabajar a sus anchas sin que previamente se haya conversado con alguna autoridad, ofreciéndoles una jugosa ‘tajada del pastel’. Y no nos referimos a pequeños sobres manila, sino que se trataría de verdaderos fajos de billetes manchados con sangre, pues todos se preguntan hasta el momento qué de distinto se encuentra en Pataz al declarársele en estado de emergencia.
Para tener una figura más clara y contundente de la gran cantidad de dinero que se puede obtener del oro extraído de manera ilegal, eso representa al 2,8 % del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú. Una cifra que bien podría ser utilizada para atender a miles de peruanos que viven en extrema pobreza.
Pero no solo gobernadores, alcaldes o comisarios estarían involucrados en darles ‘carta blanca’ a los mineros ilegales, sino que desde el propio Parlamento también se moverían oscuros hilos para permitir que las masacres no terminen.
Trece muertos más en la conciencia de nuestras autoridades.
El REINFO, la puerta giratoria para la minería ilegal
Resultó clave para los mineros informales la extensión hasta el 30 de junio de este año del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) pues eso les permitía seguir operando en el norte del país con la venia nada menos del Estado.
Cabe mencionar que el REINFO se creó para darle una alternativa a aquellos mineros informales para que regularicen su situación, sin embargo, en muchas ocasiones esos mineros informales no tienen la más mínima intención de formalizarse, significando que continuarán operando al margen de la ley.
El 29 de noviembre del año pasado, el Congreso de la República sesionó para debatir sobre la extensión o no del REINFO, observándose al final de la votación a bancadas enteras a favor de la extensión.
Estas bancadas fueron: Acción Popular (10 a favor); Alianza para el Progreso, del gobernador de La Libertad César Acuña (8 a favor, 1 en contra); Avanza País (7 a favor, 1 en contra); Bloque Magisterial (6 a favor, 1 en contra); Fuerza Popular, de Keiko Fujimori (20 a favor, 1 abstención); Perú Libre, del supuesto “perseguido político” Vladimir Cerrón (6 a favor, 5 en contra y 2 abstenciones); Renovación Popular, del impasable alcalde de Lima Rafael López Aliaga (8 a favor); Podemos Perú (7 a favor, 1 en contra); Somos Perú (4 a favor, 1 en contra); Bancada Socialista (3 a favor, 2 en contra); Honor y Democracia (1 a favor, 4 en contra y 1 abstención); Bloque Democrático Popular (1 a favor, 4 en contra); Cambio Democrático –JPP (2 en contra, 3 abstenciones); y finalmente los No Agrupados (6 a favor, 2 en contra).
Habría que indagar si una parte de ese dinero obtenido de manera ilegal por el oro fue a parar a alguna de esas manos.