Por Jorge Paredes Terry
Un ataque de falsa bandera es una acción hostil orquestada por sus propios autores de manera que no parezcan los responsables de ella. Estas operaciones encubiertas buscan atribuir a otras personas la autoría de la agresión con el objetivo de iniciar un conflicto u obtener un rédito político o económico.
La explosión de un artefacto en la Fiscalía de Trujillo ha sacudido a la ciudad, dejando al descubierto no solo la vulnerabilidad de las instituciones, sino también la preocupante inacción de las autoridades frente a la creciente inseguridad. El evento, que afortunadamente no dejó víctimas fatales, ha encendido las alarmas y ha puesto en el foco público la falta de recursos y la aparente negligencia que parecen caracterizar la respuesta del Estado ante la amenaza terrorista y el crimen organizado.
La situación se agrava con la denuncia del Consejero Regional por Pataz, Franck Solórzano, quien reveló la existencia de 100 patrulleros nuevos, empolvados durante más de dos meses en un almacén de la Policía Nacional del Perú (PNP). Solórzano cuestiona duramente la ineficiencia de la gestión, afirmando que estos vehículos debieron haber sido entregados a la PNP el año pasado (2024), y que la reacción de las autoridades solo se ha producido tras la detonación de la bomba en la Fiscalía. Su crítica directa al Gobernador Acuña y a sus funcionarios resalta la sensación de que la respuesta es reactiva, en lugar de proactiva y preventiva. La pregunta que surge es: ¿cuántos eventos similares se necesitan para que las autoridades tomen cartas en el asunto?
Este incidente no es un hecho aislado. La situación de inseguridad en Trujillo, y en la región en general, se ha ido deteriorando progresivamente. La falta de recursos, la corrupción y la ineficacia en la gestión pública son factores que contribuyen a un clima de impunidad que favorece la proliferación del crimen. La explosión en la Fiscalía, junto con el derribo de torres de alta tensión en Pataz, evocan recuerdos oscuros de los años 80 y 90, cuando la violencia subversiva y la respuesta estatal, a menudo violenta y poco transparente, dejaron una profunda cicatriz en la sociedad peruana.
La denuncia de Solórzano exige una investigación exhaustiva y transparente. Se debe determinar por qué estos 100 patrulleros no han sido puestos en servicio, quiénes son los responsables de esta negligencia y qué medidas se tomarán para evitar que situaciones similares se repitan. La ciudadanía exige respuestas claras y contundentes. No podemos permitir que la inacción de las autoridades ponga en riesgo la seguridad de la población y la estabilidad de nuestras instituciones. Es necesario que se investigue a fondo la explosión en la Fiscalía, se identifique a los responsables y se tomen medidas para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. La exigencia de Solórzano de que se conozca toda la verdad sobre la explosión y los atentados en Pataz es una demanda legítima que debe ser atendida con la urgencia que la situación requiere. No podemos, ni debemos, volver a los años oscuros de la violencia y la impunidad. La lucha contra la inseguridad requiere de un compromiso firme y decidido de todas las autoridades, así como de una mayor transparencia y rendición de cuentas.
