En el año 2024, según datos de la Policía Nacional del Perú (PNP), entre enero y agosto se registraron 14 220 denuncias de extorsión a nivel nacional. Esto son números de denuncias, sin embargo, la cifra negra la vuelve mucho más grande y difícil de estimar. En promedio tenemos 59 denuncias diarias lo que equivale a una denuncia cada 24 minutos. Es decir, mientras uno se toma su café tranquilo ya se tiene al menos un caso notificado. Las regiones más afectadas por dicha problemática son Lima, La Libertad, Piura, Lambayeque, Callao e Ica, concentrando dichas regiones el 84% de denuncias a nivel nacional. También hay que señalar que demográficamente el 65% de la población se concentra desde Piura a Ica. Según informó la Policía el distrito limeño de San Juan de Lurigancho es el distrito con mayor cantidad de denuncias por extorsión en Lima Metropolitana, seguido del Cercado de Lima y Comas. Por otro lado, conforme detalló la Asociación de Bodegueros del Perú, debido a las extorsiones se cerraron alrededor de 3000 bodegas en Lima de manera definitiva. Esto es un impacto en el sector que agrava aún más la recuperación económica del país andino que todavía viene recuperándose de un año de recesión.
Aunque el origen de la ola extorsiva proviene del norte peruano, en gran parte por extorsionadores extranjeros, el aumento de la criminalidad se debe a la ineficacia de los organismos de justicia, algunos acusan a la reforma del ministro Carlos Basombrío en el año 2016 que llevó a que el ministerio del interior (MININTER) dejara de estar a cargo del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) lo que incidió a que no se elaboraran planes de seguridad ciudadana de forma anual, y por ende se llevó a la actual situación. El impacto de la presencia de organizaciones criminales de origen extranjero en el Perú y la subsecuente alianza entre dichas organizaciones criminales, ha acentuado la crisis. Una de estas organizaciones es el Tren de Aragua, la cual llevó a la «desaparición» de diversas organizaciones criminales locales, muchas de las organizaciones criminales nativas se han terminado alineando a las organizaciones extranjeras para trabajar junto a ellas. Algunos expertos en el tema señalan que conforme pasaba el tiempo y los operativos policiales capturaban a los principales líderes de las organizaciones extranjeras, se detectó que las organizaciones peruanas empezaron a ocupar su lugar. Pero el nexo con el tren de Aragua no se ha roto, sino que como si se tratara de un Mcdonald’s, en Perú como en Chile funcionan a modo de un sistema de sucursales.
Además de ello se viene visibilizando una crisis en las instituciones como la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. Se ha denunciado el montaje de falsos operativos por parte de algunos elementos de la policía para obtener ascensos, al igual que la integración a alguna organización criminal. Por el lado de la fiscalía, se ha denunciado que la labor fiscal ha permitido la liberación de más de 8000 delincuentes capturados en flagrancia en los primeros seis meses del 2024. Es decir, los sicarios matan, y algunos malos jueces y fiscales matan las investigaciones.
La cual coyuntura hace recordar la tesis de José Antonio Russo, sobre las instituciones, y como la clave de la solución de los problemas pasa por una cuestión institucional. Sin embargo, la evidente situación no se percibe de parte de los poderes del Estado Peruano, una intención de afrontar la presente situación de caos que a su vez es alentada por instituciones podridas. Por ejemplo, la digitalización del sistema de seguridad se reduce a solo cámaras y no pasa por un desarrollo de monitoreo informático, además se trabajan en muchas ocasiones y por lo general con herramientas de la época de 1990 mientras las organizaciones criminales han incorporado sistemas de tercerización, sucursal, además de trabajar como transnacionales del crimen.
En octubre de 2024, el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público denunció que la Morgue Central de Lima había alcanzado su capacidad máxima para atender cadáveres, ya que había aumentado 10 veces con respecto al año pasado. En resumen, institucionalmente no existen respuestas y el número de muertes de este año podría acabar en un récord histórico.
Hace no mucho, el exministro del Interior, Rubén Vargas, consideró que la actual crisis de seguridad es la más significativa de la historia republicana. No obstante, habría que preguntar que logros obtuvo en su gestión. Afirmó el ex ministro que en este país «aún no hemos tocado fondo» debido a que esta crisis involucra a autoridades políticas. Y por ende es una situación institucional que exige respuestas institucionales. Una encuesta de Datum de octubre de 2024 señaló que los encuestados responsabilizaron de la crisis de inseguridad a las dos instituciones principales: un 44 % señaló a la Presidencia de la República y un 40 % al Congreso. Tenemos entonces un empate técnico en cuanto a la culpa.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 26,9% de la población peruana a partir de los 15 años a nivel nacional urbano, fue víctima de algún delito. Esto es uno de cada cuatro personas lo que se traduce en que prácticamente todas las familias peruanas han pasado por esta situación.
Entre los delitos que se cometen con mayor frecuencia en Perú, encontramos: Hurto agravado: es el apoderamiento mediante destreza de un bien mueble ajeno cuyo valor sea mayor a una remuneración mínima vital. Y ahora es el ascenso como la espuma de la extorsión, un crimen mucho más grave que acaba en muchas ocasiones en bala y morgue.
Hay tres variables a considerar en cuanto a la seguridad: el nivel de victimización, o sea, cuántas personas fueron víctimas de un delito, el nivel de percepción de inseguridad, y el número de muertes violentas. En todas Perú está fatal. La situación solo es comparable en Chile donde se ha dado el salto de sicarios que hace poco después de matar a una persona y herir a otras tres, en lugar de huir persiguieron a la ambulancia que llevaba a un herido para rematarlo.
«Todavía no hemos tocado fondo, el escenario que se viene es mucho peor y estamos ante un gobierno a la deriva, con ministros que no solamente son parte del problema, sino que son personajes casi inimputables», cuestionó.
Para Vargas, «lo más peligroso del nuevo escenario criminal es que hay estructuras criminales transnacionales que se están insertando en las economías ilegales con nuevos mecanismos de violencia, que todavía no terminamos de entender».
La próxima inauguración de Chancay en lugar de una bendición podría traducirse en más crímenes por el poder de los mercados ilegales como también los de la economía formal. Oremos. Porque como estamos solo nos queda la fe.
