La criminalidad continúa incrementándose en distintas ciudades del país, utilizando para sus atracos armas de fuego. El cómo llegan a las manos de los delincuentes esas armas de fuego siempre es una gran incógnita, pues muchos prefieren guardar silencio. La ruta de esas armas presuntamente tiene origen de malos efectivos que las ‘alquilan’ a los malhechores para luego depurarlas de cualquier evidencia.
En ese sentido, la Contraloría alertó ayer que 314 oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) que pasaron a la situación de retiro desde 2015 continúan en posesión de las armas de fuegoy equipo del Estado que les fue asignado para cumplir con el servicio policial. Esto según el Informe de Control que realizó la institución.
Entre los equipamentos se destacan vehículos de seguridad del Estado, valorizados en aproximádamente 2 millones de soles, según un informe del Órganos de Control Institucional (OCI) de la PNP.
De acuerdo a la normativa interna, los oficiales deben devolver los vehículos en buen estado dentro de los siete días calendario tras pasar al retiro. También pueden optar por comprarlos en un plazo de 30 días, manifestando su voluntad por escrito. Sin embargo, en los últimos diez años, los retirados no han cumplido con estas disposiciones.
Entre las armas de fuego y el equipo policial que no han sido entregados al Estado figuran pistolas marca: Sig Sauer (91), Pietro Beretta (76) y Star (43), así como revólveres marca Smith Wesson (31); además de 71 grilletes (esposas) Smith Wesson, entre otros bienes. La entidad subraya que esta es una situación que pondría en riesgo el destino y la posesión final de estos por no cumplir con la devolución en los plazos establecidos.
Según la Contraloría, los oficiales debieron devolver estas armas y los equipos dentro de los 60 días calendario de haber sido notificados de que pasaban al retiro, conforme lo establece una directiva interna; sin embargo, no lo han hecho. La institución señaló que este año hay 40 expolicías que mantienen en su poder estos bienes.
Otro detalle del informe es que la PNP no ha procedido con notificar a los oficiales en retiro que devuelvan las armas. Tampoco ha informado a la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos jurídicos del Ministerio del Interior para que formule la denuncia respectiva.
La Contraloría informó que recién en febrero de este año la PNP inició las acciones para notificar a los oficiales en retiro, pero que estas no llegaron a concretarse por la falta de personal, motivo por el cual se pretendió contratar a una notaría para que empiece con ese proceso.