A 30 AÑOS DEL HOLOCAUSTO EN LOS PENALES DEL PERÚ

El 18 y 19 de junio de 1986 más de 300 presos fueron bombardeados, fusilados o calcinados en los penales de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara. Incluso decenas de sobrevivientes fueron ultimados con un tiro de gracia en la nuca y luego sepultados clandestinamente como NN en diversos cementerios de Lima. Muchos de los muertos eran inocentes y fueron absueltos postmorten, como sucedió con los presos Nolberto Durand y Gabriel Ugarte, cuyos casos llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y toda la culpabilidad apuntaba –y apunta hasta el día de hoy– hacia el presidente aprista Alan García Pérez, quien habría dicho en una reunión: “¿Y qué tal si los mato a todos?”, tal y como cuenta un testimonio del exdirector de la revista Marka. Curiosamente, García Pérez fue visto en un yate, dando vueltas alrededor de la isla de El Frontón, 15 o 20 días antes de este crimen de lesa humanidad, hecho corroborado por todos los presos y expresado por los testigos claves y sobrevivientes: Rolando Echarri y Jesús Mejía Huerta.

La Matanza de los Penales no solo significó el quiebre total de la autoridad en nuestro país, sino que se convirtió en un punto de inflexión donde el poder instituido supuestamente “democrático” se quitaba la máscara para mostrar el verdadero rostro del terrorismo de estado, la negación al derecho de la justicia, la impunidad y el aviso de que en esta guerra no habría prisioneros. (Nótese que después de esta masacre el Ministerio de Guerra, fundado en 1919, pasó a llamarse Ministerio de Defensa en abril de 1987). De esta forma, García Pérez se puso al lado de Hitler, Franco Bahamonde o Idi Amin; y la matanza de los penales se equiparó con lo sucedido en Auschwitz-Birkenau, Vietnam, la masacre francesa en Argelia o la execrable matanza de los hugonetes en San Bartolomé en el Paris del siglo XVI.

Muchos otros detalles corroborarían que la aniquilación de presos fue una orden que salió de Palacio de gobierno. La participación del viceministro del Interior: Agustín Mantilla, quien estuvo en el lugar de los hechos con una ametralladora y una radio informando supuestamente a su jefe García y, además, como se supo después, fue el mismo Mantilla quien llamó a la FOES (Fuerza de Operaciones Especiales, unidad de élite de la Marina) para que hicieran forados y demolieran las paredes del Pabellón Azul del Frontón. También la participación del, en ese entonces, capitán de navío AP Luis Giampietri Rojas, quien ordenó cañonear a la isla desde una de las fragatas que custodiaba la zona, y quien, años más tarde, se convirtió en hombre de confianza de AGP y vicepresidente de la República, premiado con este alto cargo por sus crímenes cometidos; todo ello significó que la orden venía desde arriba. A esto hay que agregar el Decreto Supremo N° 006-86-JUS, dictado por urgencia y con lo cual los establecimientos penales se convertían en “zonas militares restringidas” y se impedía el ingreso de autoridades civiles (jueces, fiscales, periodistas, etc.) preparándose el exterminio y blindando de antemano a los criminales.

Ante el escándalo mundial, el gobierno de García procedió a enjuiciar a 31 marinos subalternos o soldados y a 2 oficiales menores, protegiéndose con esto a los verdaderos culpables que celebraban el triunfo de la “democracia” y las “izquierdas socialistas”, que se habían reunido en Lima por esos días para celebrar su dizque XVII Congreso Internacional (y del cual AGP sigue siendo su presidente honorario). Años después, el marino Carlos Castillo Vega, víctima de su propia conciencia y su infierno personal, confesó cómo mataron a los presos con tiros en la nuca y como Mantilla recibía órdenes que venían del mismo García Pérez. También contó cómo los cadáveres fueron llevados a Pucusana y a otros lugares para su entierro clandestino. Por hablar en voz alta y decir la verdad, Castillo Vega, de testigo protegido pasó a ser acusado de homicidio. Y ante la farsa de la CVR, manifestó: “Yo no pensé que iba a tener este problema. ¿Dónde está la Comisión de la Verdad, o dónde está la fiscalía?”. Y remató: “Es el momento que el señor Alan García afronte como hombre y demuestre que se equivoco, al igual Luis Giampietri y el señor Mantilla, por qué se limpian las manos”.

Otro testigo clave, José Francisco La Madrid Ponce, exmiembro del Ejército, quien participó en la matanza de Lurigancho, escuchó sentenciar a Jorge Rabanal Portilla, jefe del operativo por parte de la Guardia Republicana, que tenían que “eliminar a todo el personal” (123 presos) por “orden del presidente”. Y también refiere que  en uno de los diálogos entre García y Rabanal, este último le dijo: “Señor presidente, estamos procediendo”. A lo que García Pérez respondió: “¿Qué espera? ¿Tanto se demora? Tiene que cumplirse la misión”. Dejándose en claro que la orden estaba digitada y coordinada desde la misma presidencia. La denuncia aparece en la revista Hildebrandt en sus Trece, de mayo de 2015.

Lo cierto es que, a pesar de todos los indicios, testimonios y pruebas, la Comisión de la Verdad y la Renconciliación (CVR) exoneró y limpió a Alan García de todos sus crímenes cometidos y ayudó a construir una memoria histórica al tamaño de la farsa y la infamia. Hecho que se cierra y se corona con el ocultamiento de la mayoría de cadáveres que hasta el día de hoy, 30 años después, no han sido entregados a sus familiares, y que, como ya se vio en las primeras pericias, la mayoría tiene orificios de bala en la base del cráneo. Pero los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Y aunque, como dijo Platón, “la justicia es la conveniencia del más fuerte”, nadie puede tapar el sol con una mano.