Por: Jorge Paredes Terry.
El año 2024 ha sido un año turbulento para la política peruana, marcado por una serie de escándalos y actos de corrupción que han ensombrecido importantes logros y avances en el país. Desde enero hasta diciembre los titulares se han llenado de noticias sobre funcionarios públicos y políticos involucrados en actos ilícitos, socavando la confianza de la ciudadanía en sus representantes y en las instituciones democráticas. El año 2024 podemos decir que se caracterizó por una desconcertante yuxtaposición: logros económicos y de infraestructura significativos, como la exitosa cumbre APEC, la inauguración del Puerto de Chancay y un crecimiento económico moderado, se vieron opacados por una serie incesante de escándalos de corrupción política que erosionaron la confianza pública. Este año, en lugar de ser recordado por sus avances, se convirtió en un periodo marcado por la impunidad y la desilusión.
En enero, el escándalo del «Caso Rolex» estalló cuando se descubrió que la presidenta Dina Boluarte había recibido relojes de lujo como «préstamo» del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de favores políticos. Este caso de enriquecimiento ilícito puso en evidencia la corrupción en los más altos niveles del gobierno. En marzo, el excongresista Freddy Díaz Monago fue nuevamente noticia al ser acusado de violación sexual, un caso que se sumó a las denuncias previas de acoso sexual en su contra. La impunidad con la que estos casos han sido manejados ha generado indignación y desconfianza en la población.
El mes de abril trajo consigo el escándalo de Andrés Hurtado, conocido como «Chibolín», quien fue descubierto operando una red de coimas e intercambio de favores con jueces y fiscales. Hurtado, un expresentador de televisión, utilizó su influencia para acelerar trámites y obtener beneficios para sus allegados, revelando la profunda corrupción en el sistema judicial peruano. En junio, el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, se convirtió en prófugo de la justicia tras ser acusado de direccionar la contratación de prefectos y subprefectos para financiar la constitución de un nuevo partido político. La falta de acción por parte de las autoridades para capturarlo ha sido vista como un reflejo de la corrupción y el nepotismo en el gobierno.
En agosto, el «Caso Odebrecht» volvió a ser noticia cuando se revelaron nuevos detalles sobre los sobornos pagados a funcionarios peruanos para obtener contratos de obras públicas. Este caso, que ha involucrado a varios expresidentes y altos funcionarios, sigue siendo un símbolo de la corrupción endémica en el país. La condena del expresidente Alejandro Toledo por el caso Odebrecht, aunque un paso crucial en la lucha contra la corrupción, no fue suficiente para disipar la sensación de que la justicia se aplica selectivamente. La magnitud del caso, y la implicación de figuras prominentes en la política peruana, reforzó la percepción de una red de corrupción profundamente arraigada. De manera similar, el inicio del juicio oral contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por presuntos aportes ilegales de Odebrecht a su campaña presidencial, mantuvo viva la atención pública sobre las prácticas corruptas que han plagado la vida política nacional. La lentitud del proceso judicial, sin embargo, generó frustración y alimentó el escepticismo sobre la capacidad del sistema judicial para abordar eficazmente estos casos.
En octubre, el escándalo del «Puente Tarata III» sacudió al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuando se descubrió que altos funcionarios habían recibido sobornos para adjudicar el contrato de construcción de un puente en la región de San Martín. Este caso puso en evidencia la corrupción en la adjudicación de obras públicas y la falta de transparencia en el uso de los recursos del Estado.
Finalmente, en diciembre, el escándalo de la «Red de Proxenetismo en el Congreso» cerró el año con una nota sombría. Se descubrió que una red de prostitución operaba dentro del Parlamento, dirigida por Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso. Este caso, que involucró a varios legisladores, ha sido un golpe devastador para la imagen del Congreso y ha generado un llamado urgente a la reforma y la transparencia en las instituciones públicas.
Estos escándalos han ensombrecido importantes logros y avances en el país. La organización del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Perú fue un éxito, destacando la capacidad del país para liderar en la región y promover el comercio inclusivo y sostenible. El Megapuerto de Chancay, inaugurado en noviembre, promete transformar la economía peruana al convertirse en un hub logístico clave para el comercio marítimo en América Latina. Además, el crecimiento económico del país ha sido notable, con una proyección de expansión del Producto Bruto Interno (PBI) del 3.2%, posicionando a Perú como líder en la región.
A pesar de estos logros, los numerosos escándalos y actos de corrupción han socavado la confianza de la ciudadanía en sus representantes y han puesto en evidencia la necesidad urgente de una reforma integral en el sistema político peruano. La lucha contra la corrupción debe ser una prioridad para el país, y solo a través de un esfuerzo conjunto y decidido se podrá restaurar la confianza en las instituciones y construir un futuro más justo y equitativo para todos. El año 2024 ha sido, sin duda, un año político para el olvido.
