El regidor de Lima, Aron Espinoza Velarde, vuelve a cuestionar la gestión municipal del alcalde metropolitano Rafael López Aliaga y acusó a éste por múltiples razones, entre ellas de preocuparse más por su campaña presidencial en lugar de inaugurar alguna obra emblemática en 25 meses de gestión ininterrumpida.

Asimismo, por haber endeudado irresponsablemente con S/5 mil millones a la comuna capitalina con el fin de tener caja para publicitar una obra que ni siquiera tiene expediente técnico, la Vía Expresa Sur, en la que trata de amedrentar a un juez por haber concedido una medida cautelar en favor de varios vecinos de un Asentamiento Humano de San Juan de Miraflores y que a pesar de ser propietarios fueron despojados de sus casas porque éstas fueron demolidas por orden del alcalde Rafael López Aliaga.

Regidor critica que alcalde López Aliaga no respeta la propiedad de los demás

En conversación con Exitosa, el regidor Espinoza Velarde también criticó que López Aliaga a través de la Municipalidad denunciara al juez Javier Paredes Salas por presunto prevaricato y usurpación de funciones, luego de que dictara una medida cautelar que suspendía las obras de la Vía Expresa Sur.

«Ha declarado en emergencia la Vía Expresa Sur y ha encargado a EMAPE la demolición, pero le puso el alto un juez y lo único que hace es amedrentarlo. Sabemos que la obra es importante, pero ¿Qué hacemos si no respetamos la propiedad de los demás? Si no tenemos expediente técnico, ¿Cómo podemos saber el trazo real de esa obra?», denunció Espinoza.

López Aliaga en su segundo año de gestión demuestra su incapacidad

El regidor de Lima también indicó que el burgomaestre Rafael López Aliaga está demostrando su incapacidad al no entregar una obra emblemática y apuntó que el burgomaestre solo inaugura «obras pequeñas» como escaleras o losas deportivas en distritos de la capital y que además organiza grandes convocatorias con inauguraciones incluidas para presentar los grandes logros de estas “obras”.

«La incapacidad del alcalde de Lima se demuestra al no entregar, en su segundo año de gobierno, una obra emblemática que tenga el sello de Rafael López Aliaga. Lo que hace para tapar esa incapacidad de ejecución de obra, es inaugurar obras pequeñas como escaleras, losas deportivas, etc. Hace toda una gran convocatoria como si fuera una gran obra», señaló.

López Aliaga endeudó a Lima por S/5 mil millones

En esa misma línea, Aron Espinoza afirmó que los próximos 4 o 5 gobiernos pagarán la deuda que estaría dejando Rafael López Aliaga. Posteriormente, calculó que la deuda ascendería a S/5 mil millones.

«Nos hemos sobreendeudado. Hay que decirles a los limeños que los próximos 4 o 5 gobiernos, de los próximos alcaldes, pagarán la deuda que hoy ha comprometido Rafael López Aliaga, irresponsablemente. Son más de S/5 mil millones de soles (…) Esa obra (Vía Expresa Sur) también ha sido parte del gran endeudamiento que ha tenido la Municipalidad», aseveró.

El alcalde López Aliaga está enfocado en su campaña presidencial y no gobierna la ciudad capital

Finalmente, el regidor metropolitano manifestó que el burgomaestre de Lima está pensando en su campaña presidencial y no en gobernar la capital, por la que fue elegido.

«El señor está pensando en su campaña presidencial y no está pensando en gobernar Lima, por lo que fue elegido. No puede ser posible que un alcalde esté pensando en cómo se ve haciendo una obra y que esto le sirva de plataforma para ser el próximo candidato presidencial», culminó.

Pidieron a Contraloría que intervenga a la MML por financiamiento de la ‘Marcha por la Vida’

Como se recuerda, a inicios del mes de diciembre del 2024, el regidor Aron Espinoza denunció que desde las redes institucionales de la comuna metropolitana pretendieron lavarse la cara, porque anteriormente ellos eran promotores de la ‘Ley Cavero’ y también solicitó la intervención de la Contraloría por el presunto mal uso de fondos públicos para costear la denominada ‘Marcha por la vida’.

En aquel momento, el regidor criticó las acciones que venía realizando el alcalde de Lima Rafael López Aliaga y afirmó que el burgomaestre, estaba desesperado por levantar su popularidad porque estaba más preocupado en su campaña presidencial. En tal sentido, pidió que la Contraloría General de la República investigue el financiamiento de la Municipalidad Metropolitana para la ‘Marcha por la Vida y Familia’.

MML gastó más de S/9 mil en materiales para la ‘Marcha por la Vida y la Familia’

La Gerencia de Desarrollo Humano, mediante la Subgerencia de la Mujer y Familia de la Municipalidad de Lima, adquirieron miles de globos, matracas y silbatos por más de S/9 mil, con el dinero de los tributos de todos los vecinos de Lima para una marcha de color “celeste” que se desarrolló el pasado sábado 7 de diciembre del 2024.

Según la web de Convocatorias para Compras, que no sobrepasen las 8 UIT, el 04 de diciembre, la MML pidió una cotización para la compra de materiales para la ‘Marcha por la Vida y la Familia’, por el número de 1mil banderines, 2 mil globos, 30 cientos de globos pencil, 500 matracas, 500 silbatos, y otros materiales que fueron utilizados por los manifestantes durante la marcha.

Sin embargo, a la fecha esta acción continúa pasando desapercibida y la Contraloría no ha emitido ningún informe al respecto.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el regidor de Lima, Aron Espinoza, acusó al alcalde Rafael López Aliaga de endeudar a la MML. "Los próximos cuatro o cinco gobiernos pagarán la deuda de más de 5 mil millones", indicó.

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Lo mandaron lejos. La Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP) designó al capitán Junior Izquierdo Yarleque, alias “Capitán Culebra”, como policía comunitario en Moquegua.

Esta resolución firmada por el general Víctor Zanabria, se emite poco después de que el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, se negara a entregar su cuenta de iCloud a la Fiscalía de la Nación, en el marco de una investigación en su contra.

El documento oficial justifica la reasignación de los oficiales subalternos de armas y servicios por la “causal de necesidad de servicio”. Sin embargo, este movimiento ha generado dudas sobre sus motivaciones, dada la situación que involucra al ministro Santiváñez.

 “Reasignar cargos a los Oficiales Subalternos de Armas y Servicios de la Policía Nacional del Perú, por la causal de necesidad del servicio, con costo y sin costo para el Estado conforme a los anexos 1 y 2 que forman parte de la presente resolución”, se lee.

Antes de su reasignación, el capitán Izquierdo trabajaba en la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, gestionando operaciones de emergencia y seguridad pública sin contacto directo con la comunidad. Ahora, como policía comunitario en Moquegua, se enfocará en patrullajes a pie, sensibilización y colaboración con líderes locales para prevenir delitos.

Este cambio se produce en medio de las investigaciones que señalan al ministro Santiváñez por haber solicitado al capitán Izquierdo intervenir en el control del comunicador Marco Sifuentes.

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Capitán PNP Junior Izquierdo 'Culebra', implicado en investigación contra el ministro Juan José Santiváñez, fue reasignado a Moquegua

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Como se sabe, Izquierdo divulgó audios que, implicarían a Santivañez en comprometedoras conversaciones. En estos audios, se escucharía al ministro mencionar que la presidenta Dina Boluarte le habría ordenado disolver la División de Investigación de Alta Criminalidad (Diviac) para tomar el control del Ministerio del Interior. Además, se sugiere que existía una relación cercana entre ambos.

Suelto en plaza. El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó la libertad del exalcalde de Anguía en Cajamarca, José Nenil Medina Guerrero, quien es investigado por los delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado.

«Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordena la libertad del investigado José Nenil Medina Guerrero e impone las siguientes restricciones: no variar de domicilio sin autorización judicial, concurrir al Poder Judicial para control biométrico cada 15 días, no acercarse a los investigados y pagar una caución de 3 mil soles», se puede leer en la resolución.

Además, el tribunal le impuso restricciones como no variar de domicilio sin autorización judicial, concurrir al Poder Judicial para control biométrico cada 15 días, no acercarse a los investigados y pagar una caución de 3 mil soles.

El exalcalde de Anguía cumplía 30 meses de prisión preventiva como parte de la investigación por presuntamente ser parte de la red criminal enquistada en el Ministerio de Vivienda.

De acuerdo con la investigación fiscal, Medida Guerrero era miembro del denominado Gabinete en la Sombra del expresidente, Pedro Castillo, actuando como operador de una presunta red criminal.

Se le acusa de participar en negociaciones ilícitas para asegurar presupuesto de obras en Cajamarca, particularmente a través del Ministerio de Vivienda, recibiendo presuntas coimas a cambio de adjudicaciones.

En enero del año pasado, el Noveno Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la demanda de habeas corpus a favor del exalcalde de Anguía y anuló el mandato de prisión preventiva en su contra. Sin embargo, un mes después la Tercera Sala Constitucional de Lima revocó el habeas corpus que dejaba sin efecto su reclusión.

Mentirosa y plagiadora. El Ministerio Público concluyó que el libro “Reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, de coautoría de la actual jefa de Estado, Dina Boluarte, se detectaron “párrafos completos” extraídos de otros autores sin su consentimiento.

Cabe precisar que el delito de plagio ya prescribió, sin embargo, la Fiscalía ordenó retirar todos los ejemplares de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), así como la anulación definitiva de su registro legal.

De acuerdo a peritajes técnicos realizados con la colaboración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se constató la reproducción de párrafos completos de textos originales en el libro. No obstante, las diligencias no pudieron continuar debido al tiempo transcurrido desde la publicación, hace 19 años. La normativa vigente permite investigar casos similares solo dentro de un plazo de 12 años.

El proceso fiscal fue impulsado tras una denuncia periodística en el programa Punto Final que señalaba presunto plagio en la obra. El fiscal Miguel Puicón Yaipén lideró las indagaciones, que incluyeron entrevistas con los supuestos coautores del libro y un análisis técnico. Según informó el citado medio, su unidad de investigación pudo confirmar que el Ministerio Público sí corroboró plagio en la obra de la jefa de Estado. “Se advierte de la reproducción de párrafos exactos de los textos originales”.

Sin embargo, el tiempo transcurrido desde la comisión del delito obligó a las autoridades a archivar el caso penal. La Fiscalía explicó: “El transcurso del tiempo habilita la prescripción del presente caso, circunstancia que imposibilita continuar con las diligencias”. Pese a esto, se adoptaron medidas administrativas como el retiro del libro de la Biblioteca Nacional del Perú, instruyendo además la anulación de su registro.

Por su parte, los abogados Luis Gavancho, Carmen Rivera y María Chávez, supuestos coautores de la obra, manifestaron no haber aprobado el texto final de la obra, pues solo se llegó a considerar una publicación conjunta, la cual nunca se concretó.

Ya no es secreto para la opinión pública que la salud mental de algunos miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) se ha visto menoscabada en los últimos tiempos por acciones antijuridicas, no solo ligadas a actos de corrupción; sino a graves delitos penales, como la violación sexual, el feminicidio, y pertenecer a bandas criminales, bajo el ropaje de un uniforme policial. Debido a estas razones, desde el Congreso proponen establecer de manera obligatoria una evaluación psicológica y periódica para todos los miembros de la Policía del Perú, mientras se encuentren en servicio activo.

De esta manera, la legisladora de la bancada de Perú Libre, María Agüero, ha presentado la propuesta legislativa N° 9928/2024-CR que busca implementar las pruebas psicológicas obligatorias para los miembros de las fuerzas del orden. La iniciativa, establece que los aspirantes a ingresar a la PNP deberán aprobar una evaluación psicológica como requisito indispensable para su admisión; aunque este requisito ya se encuentra incluido en la malla de evaluaciones al inicio de una postulación. Pero, además, se estipula que los policías que se mantengan en servicio activo se sometan a pruebas psicológicas trimestrales.

Se crearía la ‘Comisión Técnica de Evaluación Psicológica de la PNP’

La iniciativa legislativa también contempla la creación de la ‘Comisión Técnica de Evaluación Psicológica de la PNP’, que será la encargada de desarrollar, coordinar, implementar y supervisar el sistema de evaluaciones periódicas para todos los agentes de la institución policial. Este órgano será quien vele por la salud mental de todos los efectivos policiales, con el propósito de que se mantengan aptos mentalmente para el desempeño de sus funciones.

Policías que presenten diagnósticos con problemas de salud mental serán tratados

En caso de que un efectivo de la Policía presente indicios de trastornos emocionales graves, la propuesta legislativa establece su derivación a un tratamiento especializado. Pero, si el agente se niega a recibir el tratamiento psicológico, su actitud será considerada como una infracción disciplinaria, con las consecuencias que ello conlleve, como una sanción drástica.

El Congreso debatirá la propuesta legislativa

La parlamentaria Agüero sostiene que esta medida busca garantizar la integridad y eficacia de la institución policial, asegurando que sus efectivos puedan contar con la estabilidad emocional necesaria para enfrentar las exigencias de su labor diaria. «Es fundamental que nuestros policías estén en óptimas condiciones psicológicas para servir y proteger a la ciudadanía», sostuvo.

Mientras tanto, el proyecto de ley se encuentra en debate en las comisiones correspondientes del Congreso, donde se evaluará la viabilidad y las posibles modificaciones que requiera antes de ser sometido a votación en el pleno. Y de ser aprobado, marcaría un cambio importante en las políticas de recursos humanos de la Policía Nacional del Perú.

El Poder Ejecutivo, a través de la Resolución Ministerial N° 007-2025-PCM, autorizó el viaje de la delegación del Despacho Presidencial que acompañará a la presidenta Dina Boluarte a la ciudad de Davos, en Suiza, para participar en el ‘Foro Económico Mundial 2025’ que se desarrollará entre el lunes 20 y el viernes 24 de enero.

Según el dispositivo publicado en el diario oficial El Peruano, entre los servidores que viajarán con la mandataria figuran el Secretario General de Palacio, Enrique Ernesto Vílchez Vílchez; la asesora técnica de la presidenta, Carmen Elizabeth Giordano Velásquez; el jefe de prensa y comunicaciones de Palacio, Luis Manuel Urmeneta Delgado; así como los efectivos PNP y personal de seguridad del despacho presidencial, el suboficial técnico de tercera, Jhon Haidy Alberto Janampa Ruiz y la suboficial de tercera Milagros Kelly Vargas Castro, quien es conocida como ‘la sombra’ y quien sería mano derecha de la jefa de Estado.

Asimismo, el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, también viajará al ‘Foro de Davos’, ya que recibió autorización formal para sumarse a la delegación, según la resolución.

Despacho Presidencial gastará más de US$29 mil en viaje de la delegación peruana

El costo estimado del viaje, que incluye pasajes y viáticos solo por tres días de estadía en Suiza, asciende a US$29,201, equivalentes a aproximadamente S/112,424, según fuentes oficiales.

La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha presentado una denuncia constitucional contra Luis Arce Córdova en su actuación como fiscal supremo y miembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico agravado, por haber aceptado los pedidos del exjuez supremo y hoy prófugo de la justicia, César Hinostroza Pariachi, con el fin de beneficiar a terceras personas con las decisiones del ente electoral.

El área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, atribuye a Arce Córdova como presunto autor de los delitos de cohecho pasivo específico y tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado y lo sindica por presuntamente haber intercambiado favores con el prófugo César Hinostroza Pariachi, cuando este era juez supremo.

“La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, comunica que hoy se presentó la denuncia constitucional contra Luis Carlos Arce Córdova, en su actuación como fiscal supremo y miembro del Jurado Nacional de Elecciones, como presunto autor de los delitos de cohecho pasivo específico y tráfico de influencias agravo, en agravio del Estado”, se lee en el comunicado de la Fiscalía.

Asimismo, en el comunicado del Ministerio Público se precisa que el exmagistrado Arce Córdova habría aceptado un pedido de César Hinostroza, para favorecer a un alcalde del distrito de Carmen de la Legua-Reynoso en un proceso de vacancia contra un teniente alcalde, a cambio de que a Arce Córdova luego se le favorezca en el momento que lo requiera.

«Asimismo aprovechando su posición como miembro del JNE habría prometido a dicho juez interceder ante los funcionarios de la Dirección del Registro Nacional de Organizaciones Políticas para favorecer al exsecretario general del partido político ʼUnión por el Perúʼ, en la solicitud de cambio de símbolo partidario», señaló el Ministerio público en su cuenta de red X y además remarcó que Arce Córdova habría aceptado el pedido de Hinostroza Pariachi para favorecer directamente al exsecretario del partido político en mención, emitiendo una decisión a su favor, a cambio también de obtener beneficios cuando éste lo necesite.

Le abren las fronteras. El Poder Judicial (PJ) acaba de revocar la orden de impedimento de salida del país que tenía la ex jueza superior Enma Benavides, hermana de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, lo que permite a la exmagistrada enfrentar el proceso judicial en su contra bajo la medida de comparecencia simple. Esta resolución implica que podrá salir del país sin restricciones.

Poder Judicial revocó impedimento de salida del país contra Enma Benavides, hermana de la exfiscal de la Nación e investigada por presuntos actos de corrupción

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— Canal N (@canalN_) January 16, 2025

Esta noticia tiene lugar después de que la defensa de Enma Benavides presentara una solicitud de caducidad de la medida coercitiva, en la que se pedía el levantamiento del impedimento de salida del país. La solicitud argumentaba que el plazo de la medida había expirado

“Declarar fundada la caducidad de la medida coercitiva de comparecencia con restricciones, presentada por la defensa técnica de la imputada Enma Rosaura Benavides Vargas, en el proceso que se le sigue, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico y otro, en agravio del Estado. En consecuencia, continuará en el proceso bajo comparecencia simple”, se lee en el documento.

Adicionalmente, se dispuso la devolución de la caución económica impuesta a la imputada en el proceso, una vez que la resolución quede consentida.

Cabe recordar que a la ex jueza Benavides se le viene investigando por presuntos actos de corrupción, entre los que se encuentran el haber liberado a narcotraficantes a cambio de presuntos sobornos.

Asimismo, fue destituida de su cargo como jueza superior de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el marco de las investigaciones por corrupción en el sistema judicial.