Gobierno oficializó presupuesto público del 2025 por más de S/251,801 millones. Sin embargo, en el detalle del presupuesto se observa que el gobierno central manejará más de S/162,019 millones, lo que equivale a más del 64%, del cual se identifica que se usará para gastos corrientes.

Este 11 de diciembre, el Gobierno promulgó el proyecto de ley de presupuesto público 2025 aprobado por el congreso. El monto que asciende a S/251,801 millones, configura un crecimiento de 4.57% respecto al aprobado inicialmente para este año.

En el detalle del presupuesto se observa que el gobierno central manejará más de S/162,019 millones, lo que equivale a más del 64%. Sin embargo, de este total, también se identifica que casi S/2 de cada S/3 se usará para gastos corrientes (más de S/101,975 millones, equivalente a casi el 63%).

Los gastos corrientes son los pagos que realiza el Estado peruano para adquirir bienes y servicios, y transferir recursos sin contraprestación. Esto permite la operatividad del Estado. Otro rasgo de estos gastos, es que como su nombre dice, son gastos, es decir son no recuperables. Es un monto que directamente no regresa al tesoro nacional. Y se componen de: Gastos de personal activo y cesante, Pagos de intereses de la deuda pública, Compra de bienes y servicios, Transferencias corrientes.

(Los gastos corrientes se diferencian de los gastos de capital, que son los recursos que se destinan a aumentar la producción o el patrimonio del Estado).

En tanto, para los gobiernos regionales se destinó más de S/54,458 millones y, para los locales, más de S/35,323 millones.

Ojo al piojo

Inicialmente, en el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo se estableció que los gastos corrientes del gobierno central ascenderían a los S/100,161 millones, pero en la norma publicada se tuvo un incremento de más de S/1,814 millones. De acuerdo con el Instituto Pulso Fiscal, la mayoría de este monto (más de S/1,455 millones) se apuntó para la partida de un mayor presupuesto para las remuneraciones estatales.

Alerta económica

El programa de Obras Por Impuestos podría correr riesgos con el presupuesto 2025. Recientemente en CADE 2024, Denisse Miralles, directora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, advirtió de un posible cambio a los topes de financiamiento para el mecanismo de cara al próximo año. Las modificaciones podrían “castigar” a un mecanismo exitoso que cerró un 2024 en cifras récord, al ser 2024 el mejor año de su historia. Según Miralles la meta actualizada de este año pretende cerrar con S/ 3,500 millones en adjudicaciones. Sin embargo, a pesar del ritmo alto, OxI ha sido “castigado” por recientes cambios legislativos que han acortado el financiamiento disponible en las entidades públicas para estos proyectos. Y podría ocurrir otro que acotaría aún más su capacidad.

No obstante, las circunstancias, en lo que va del año, 42 entidades públicas y 68 empresas se han sumado al uso del mecanismo de Obras por Impuestos.

La expectativa de PROINVERSIÓN es cerrar el año con adjudicaciones por encima de S/ 3900 millones en Obras por Impuestos, resultado que superaría el acumulado en los últimos cinco años. En el acumulado, el mecanismo alcanzó 619 obras adjudicadas entre 2009 – 2024 (10 de diciembre) por S/ 11 202 millones que permitieron beneficiar con una mejor infraestructura y servicios a más de 22 millones de peruanos. De este resultado, unas 298 obras han sido concluidas y otras 321 se encuentran en ejecución. El mecanismo permite captar inversiones privadas que permitan desarrollar proyectos públicos en Perú.

El presupuesto nacional en números

GOBIERNO CENTRAL                                                              

Correspondiente al Gobierno Nacional                                    

S/159 831 370 622,00 

Gasto corriente                                                                  

S/100 161 107 558,00 

Gasto de capital                                                                   

S/32 893 243 447,00 

Servicio de la deuda                                                        

S/   26 777 019 617,00 

Correspondiente a los gobiernos regionales                          

S/54 452 085 204,00 

Correspondiente a los gobiernos locales                               

S/ 37 517 589 359,00 

Los recursos que financian el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025 se estiman por fuentes de financiamiento, por el monto total de S/  251 801 045 185,00.

Fuentes de financiamiento                                                  

Recursos ordinarios                                                            

S/ 166 874 905 062,00 

Recursos directamente recaudados                                     

S/ 7 991 228 073,00 

Recursos por operaciones oficiales de crédito                          

S/ 31 391 114 247,00 

Donaciones y transferencias                                                    

S/495 192 093,00 

Recursos determinados                                                        

S/ 45 048 605 710,00 

         TOTAL, S/                                 251 801 045 185,00

Tras sustentar el informe final de la Denuncia Constitucional 367, contra el extitular del Ministerio de Salud, Víctor Zamora, el Pleno del Congreso aprobó inhabilitarlo por 10 años de todo cargo de función pública. Los congresistas alegan una violación del artículo 9° de la Constitución Política del Perú.

Con 68 votos a favor se impone la inhabilitación al exjefe del Minsa durante el Gobierno de Martín Vizcarra. A Zamora se le critica su funesto papel en la crisis del oxígeno y la adquisición de 1’400 millones de pruebas rápidas durante la pandemia por el Covid-19. Además, se le inculpa por omisión, rehusamiento o demora de sus actos funcionales.

El informe final fue presentado por María Acuña Peralta, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y Jorge Montoya, quien también fue uno de los ponentes del documento. Montoya resaltó la corroboración de que Zamora omitió funciones al permitir que se continuara con actos administrativos indebidos. Cuestionó la adquisición de más de un millón de pruebas, y enfatizó en la supuesta deficiencia en su labor para resolver la crisis de oxígeno durante esta época. Zamora por su lado, se presentó frente al hemiciclo para dar cuenta de las imputaciones.

«Enfrento un juicio político que no se fundamenta en pruebas (…) y busca manchar la acción de cientos de profesionales que asumieron el reto (de la pandemia)», enfatizó el cuestionado exministro.

Informe final señala que avaló actos irregulares para uso de pruebas rápidas

El documento especifica que Víctor Zamora no cumplió su función como titular del Ministerio de Salud, al no verificar la correcta ejecución del Decreto de Urgencia 028-2020, desde los días 20 hasta 29 de marzo del 2020. De esta forma se ejecutó el acto administrativo indebido para la adquisición de 1’400 millones de pruebas rápidas.

«Asimismo publicó el 30 de marzo de 2020, la resolución ministerial 139-2020- MINSA, con el fin de brindar un marco procedimental para el uso de la prueba rápida, avalando los actos irregulares para la adquisición de pruebas rápidas realizadas desde el 18 de marzo de 2020, que tenían como argumento principal, la supuesta detección del virus COVID 19″, sustentaron.

Hace dos días, en el distrito de La Victoria cuatro sicarios mataron a un taxista con más de 40 disparos y la pasajera que se encontraba dentro del vehículo recibió dos balazos en la cabeza y uno en el cuerpo, por lo que terminó muy grave en la UCI del hospital Dos de Mayo. Sin embargo, si bien se pensó que el conductor fue el blanco del ataque por un presunto ajuste de cuentas por extorsión; más tarde se supo que la joven sería el objetivo de los criminales.

La joven que hoy se debate entre la vida y la muerte se llama Andrea Jazmín Vidal Gómez y hasta hace poco fue trabajadora en el Congreso y era conocida como “la china”. Sin embargo, tras haberse peleado con su empleador parlamentario y luego de que éste la despidió por saber “mucho” y tener información “delicada”, ella terminó baleada por un grupo de sicarios. ¿Acaso fue una vendetta?

El caso fue revelado este jueves en el programa Beto a Saber, y desentraña lo que sería una enquistada red de corrupción, prostitución y asesinato, en el Congreso. Entre tanto, el execrable atentado, tendría un autor intelectual, el abogado Jorge Torres Saravia, que gracias a las recomendaciones de Alianza para el Progreso (APP), ingresó como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso. Este sujeto es mano derecha de César Acuña Peralta y Luis Valdez Farias, ambos mandamases de APP.

Según el informe periodístico, Andrea Jazmín Vidal Gómez es abogada, tiene 28 años y hasta setiembre de 2024 trabajó como asesora en la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento con un envidiable salario de S/ 10 mil soles. durante su paso por el Parlamento, Vidal Gómez tenía una “peculiar complicidad” con Torres Saravia. Ella era una especie de “madame” que se encargaría de disfrazar a las señoritas que debían ingresar dentro de las oficinas del Legislativo para ejercer la prostitución, bajo la fachada de ser secretarias y/o asesoras. Sin embargo, quien se encargaría de reclutarlas era Torres Saravia, quien contrató a Vidal Gómez en el Parlamento por su “discreción”.

Al momento que el reportero del programa le preguntó cómo era que contrataba a las señoritas en el Congreso, Torres Saravia respondió: “Yo no las contrato directamente. Lo hace Recursos Humanos. Conozco algunas. Con una he trabajado en un despacho y a las demás recién las he conocido”.

Una de ellas habría sido Isabel Cajo, quien no tiene estudios superiores; sin embargo, se jactaba de ser secretaria de Jorge Torres Saravia. Y según las declaraciones de una informante del Congreso que no quiso mostrar su rostro ni su identidad, el expresidente del Congreso Alejandro Soto habría aceptado una cita con Cajo en su despacho, por intermedio de Torres Saravia, quien más allá de desempeñarse como jefe legal, habría hecho las labores de proxeneta.

Según la informante, las señoritas eran contratadas en el Parlamento para ejercer el “oficio más antiguo” y por ende, se acostaban con señores para recibir un beneficio. “Sé que una de ellas lo visitaba al expresidente del Congreso (Alejandro Soto); es Isabel Cajo. Lo pueden corroborar mediante las cámaras, con los registros de ingreso en el Congreso”.

No obstante, de acuerdo a la informante, la abogada Alexandra Gil también fue contratada por Andrea Vidal y Jorge Torres Saravia, pero cuando Torres Saravia le propuso formar parte de su presunta red de prostitución, ella se negó y días después la despidió. La informante, refirió: “Ella lo comenta… del motivo por qué sale; es porque en una comunicación que tuvo con el señor Torres Saravia, le pide a ella de que vaya a hacer un ‘servicio’, que básicamente era acostarse con alguien por algo que a él le convenía, y ella no accede a esa petición”.

Así las cosas, el supuesto negocio de “sexo clandestino” que funcionaba dentro del Parlamento iba bien, hasta que hace poco más de tres meses, “Coqui” Torres Saravia y “la china” Vidal se pelearon. La discusión se agravó a tal punto que Torres Saravia la despidió del Congreso. Pero ella sabía demasiado y ya no se supo más de “la china” hasta la noche del miércoles en el distrito de La Victoria. El taxi donde se transportaba fue interceptado por dos autos y dos motos, donde bajaron cuatro sicarios para asesinarla, pero afortunadamente fallaron. Actualmente, Andrea Vidal se encuentra gravemente herida y si logra recuperarse tiene mucho qué decir.

Hermanos Torres Saravia son unas “joyitas” y siempre fueron colocados gracias a APP

Javier Torres Saravia se desempeñó como gerente general del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (SEGAT) por recomendación del alcalde de Trujillo, José Ruiz y quien anteriormente se desempeñó como titular del área de Fiscalización y Orientación al Contribuyente de la entidad y fue expresidente de la Asociación de Alcaldes Territoriales.

Los hermanos Torres Saravia siempre obtuvieron cargos en el Estado, a través del partido Alianza Para el Progreso (APP), de César Acuña, pero luego terminaban siendo cuestionados por presuntos actos de corrupción, o irregularidades en el proceso.

Como el caso del exgerente Regional de Piura, Jesús Torres Saravia, quien desde 2021 cumplió prisión preventiva en el penal de esa región por el caso de cartas fianzas falsas del centro de salud de Máncora. Pero también ocupó el mismo cargo en el Gobierno Regional de La Libertad en 2018 gracias al gobernador de ese entonces, Luis Valdez Farias, secretario general de APP. Sin embargo, tuvo que ser despedido debido a las quejas del Consejo Regional, porque no presentaba los informes de gestión que la entidad le solicitaba.

Luis Valdez y Jesús Torres Saravia.

También está el otro hermano, quien ahora es acusado de violación y de proxeneta en el Congreso de la República. Jorge Torres Saravia, quien fue exasesor de Luis Valdez en el Congreso y quien en su momento fue cuestionado en 2019 por violar el principio de neutralidad cuando como ejecutor coactivo del Gobierno Regional de La Libertad apoyó la candidatura del apepista al Parlamento.

El otro de los hermanos es César Torres Saravia, hombre de confianza del exalcalde provincial de Trujillo, José Ruiz de APP, que fue designado en 2020 como gerente Servicio de Administración de Inmuebles Municipales de Trujillo (SAIMT), solo para después de un año ser cambiado al no cumplir con el perfil solicitado.

Los hermanos Torres Saravia.

Jorge Torres Saravia acaba de ser despedido del Congreso

Tras el destape periodístico en el que se le sindica al abogado Jorge Luis Torres Saravia, como presunto proxeneta y autor del intento de asesinato de su exasesora Andrea Vidal, quien actualmente se encuentra en la UCI luchando por su vida en el hospital Nacional Dos de Mayo, el Congreso de la República acaba de dejar sin efecto su designación en el cargo de Jefe Legal y Constitucional del Parlamento. La Resolución ha sido firma da por el Oficial Mayor del Congres, Giovanni Forno Florez.  

Resolución que despide a Jorge Torres Saravia.

¿Se invirtieron los papeles? Esta vez le tocó ser escudera del ministro de Educación Morgan Quero a la presidenta Dina Boluarte, quien habitualmente es defendida por él. Sin embargo, luego de las polémicas declaraciones del ministro, al referirse sobre las víctimas de las protestas de diciembre de 2022 a febrero de 2023, que los derechos humanos son para las personas, y no para “las ratas”, él reapareció la noche del último jueves junto a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y otros ministros, durante un mensaje a la Nación brindado por la mandataria que se encuentra actualmente investigada por la Fiscalía. 

Durante el mensaje nocturno, Quero Gaime apareció en la parte de atrás junto al aún ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, quien también se encuentra a punto de ser ‘removido’ por casos de intoxicación del Programa Nacional de Alimentación ‘Qali Warma’.

Entre tanto, la mandataria, lejos de pronunciarse o rechazar las infortunadas expresiones de Morgan Quero, ella decidió defenderse de la investigación que enfrenta por presuntamente haber ayudado a Vladimir Cerrón a fugarse en el ‘cofre’ y de la operación quirúrgica a la que se sometió en 2023. Dina Boluarte respalda así la continuidad del ministro, en medio de las denuncias en su contra.

Mientras tanto, desde el Congreso ya se han presentado dos mociones de interpelación para que Quero Gaime se apersone al hemiciclo y dé explicaciones sobre sus declaraciones. El documento tiene la firma de legisladores de Renovación Popular, Somos Perú, Podemos Perú y No Agrupados.

Morgan Quero ha sido denunciado penalmente

Tras sus inoportunas declaraciones, el titular del Minedu enfrenta dos denuncias penales por presunta discriminación. Las acusaciones fueron interpuestas por el abogado Javier Adrianzén y Ronald Atencio, presidente del partido ‘Voces por el Pueblo’. Las expresiones de Quero Gaime han generado controversia y han sido calificadas como discriminatorias por los denunciantes. Ambos argumentan que las palabras del ministro no solo son ofensivas, sino que también incitan a la discriminación, lo que ha motivado que presenten acciones legales en contra del politólogo.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) que creó la destituida fiscal de la Nación Patricia Benavides en julio de 2022, no va más y ha sido desactivado por orden de la fiscal de la Nación Delia Espinoza Valenzuela, quien a su vez dispuso que todos los fiscales provinciales y adjuntos, así como el personal administrativo del equipo disuelto, conserven sus expedientes hasta su culminación, y se integren al sistema de Fiscalías Supraprovinciales Corporativas Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, con competencia nacional, que opera desde el año 2012.

Como se sabe, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, fue conformado para investigar de forma exclusiva casos de altos funcionarios. La resolución, publicada este viernes 13 de diciembre en el diario oficial El Peruano, suprime la disposición que asignaba a la fiscal superior actualmente suspendida, Marita Barreto, al frente de este equipo.

Los expedientes que anteriormente en primera instancia eran manejados por el EFICCOP, ahora serán revisados en segunda instancia por la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Como se conoce el Eficcop fue conformado en julio del 2022, y se volvió mediático debido a sus investigaciones que involucraban importantes casos de corrupción en el Perú; como el de la operadora Karelim López, quien implicó al expresidente Pedro Castillo en una presunta organización criminal dentro del Ejecutivo. También investigó a los congresistas denominados ‘Los Niños’, quienes coordinaban actividades ilegales con Castillo Terrones. Además, estuvo a cargo del caso de la empresaria Sada Goray, quien confesó haber pagado millonarios sobornos a una red corrupta en el Ministerio de Vivienda para la adjudicación de obras para su empresa inmobiliaria. Y recientemente, inició investigación por el caso ‘Los Waykis en la Sombra’, una red de tráfico de influencias presuntamente liderada por el hermano de la presidenta Dina Boluarte Zegarra.

Anteriormente Marita Barreto fue suspendida

En octubre pasado, la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público suspendió por seis meses a la entonces coordinadora del Eficcop, Marita Barreto Rivera, a quien se le inició una investigación preliminar por presunta filtración de información a un periodista. Barreto Rivera calificó la decisión de “arbitraria y desproporcional”, y lamentó que la ANC no considerara sus descargos. La Fiscalía investiga posibles delitos de revelación indebida y omisión de actos funcionales, medida que ella criticó como excesiva.

La fiscal Marita Barreto, suspendida en sus funciones por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, el 10 de octubre de 2024, se integrará a su fiscalía de origen, cuando concluya la investigación disciplinaria en su contra, o al terminar la suspensión de seis meses, en abril de 2025. Sin embargo, la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, acaba de dejar sin efecto el nombramiento de Marita Barreto como coordinadora del disuelto Eficcop.

¿Tan difícil era salir a decir que sí se operó la nariz? Acompañada de todos sus ministros, la presidenta de la República, Dina Boluarte, utilizando indebidamente un mensaje a la Nación, salió a declarar una serie de cuestionamiento realizados por parte de los medios de comunicación y algunos representantes del Congreso, entre ellos su operación a la nariz la cual finalmente fue confirmada por ella misma.

La jefa de Estado precisó que ingresó a un quirófano no por un tema estético sino por salud.

«Sí, fui sometida a una intervención quirúrgica, no fue una intervención estética, fue una intervención necesaria e imprescindible para mi salud, lo necesitaba por funcionalidad respiratoria”, declaró.

Igualmente, expresó que dicho tratamiento no la incapacitó para realizar sus funciones y compromiso con el puesto político que ocupa. También, criticó la manera en cómo se usó dicho evento para intentar vacarla de sus funciones.

«No me generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercer mis funciones como Presidenta Constitucional de la República. Porque el acto médico no me lo impidió», añadió.

Aseguró que la evidencia de que podía cumplir sus funciones fue la suscripción de 91 normas, la cuales indicó que sus detractores declaran que son falsas. La mandataria nacional expuso que dicha acusación era completamente improcedente.

«La decisión médica de someterme a dicha intervención fue tomada asegurando que no tendría ningún problema para continuar ejerciendo mis funciones como Presidenta Constitucional de la República», indicó.

“Nunca fui (a Mikonos)”

Por otro lado, la mandataria negó haber visitado el condominio Mikonos, en febrero de este año, indicando que para aquella ocasión se dirigió a otro lugar para participar de una reunión familiar. Asimismo, rechazó haberse reunido con Kelly Jaramillo, propietaria de uno de los inmuebles en Mikonos.

«Nunca fui a Mikonos, no conozco ese condominio. Fui a otro lugar, por una invitación y acompañada de una amiga, que no es la persona que se dice de modo irresponsable en los medios de comunicación, cuya identidad señalaré cuando el Ministerio Público se digne a llamarme», declaró en un primer momento.

Finalmente, señaló que si se mantuvo en silencio todo este tiempo fue con la finalidad de proteger su privacidad ante dichos escenarios expuestos. No obstante, afirmó que «el morbo» creado a base de estas situaciones solo buscarían desestabilizar a su gobierno, motivando incluso a la construcción de «falsas e inexistentes vacancias». 

«Si me he mantenido en silencio frente a los medios de comunicación, ha sido para cautelar mi privacidad, como sé que lo haría cualquiera de ustedes. Lo hice por proteger dichos escenarios, pero el morbo creado sobre este caso no puede perpetuarse en el tiempo, cuyo propósito exclusivo es desestabilizar al Gobierno y construir falsas e inexistentes vacancias», agregó.

El ingeniero y antropólogo Oscar Pastor Paredes lleva siete días como flamante jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pero más de quince años de denuncias e investigaciones penales por diversos delitos, según los registros de la fiscalía. Un funcionario con dilatado prontuario al que los peruanos no le debemos continuar pagando un sueldo.

Sorprende que en el Ejecutivo no exista un protocolo para filtrar a los funcionarios que contratan. De acuerdo al Ministerio Público, Pastor Paredes registra una investigación penal por los presuntos delitos de peculado (en las modalidades de uso y apropiación de caudales), estafa (simulación de juicio) y enriquecimiento ilícito. Este proceso es el caso n.° 1506014503-2010-2827-0 y se lleva en el distrito fiscal de Arequipa.

Otro caso en materia penal es el N° 1805110102-2008-239-0, en el distrito fiscal de Cusco, por los presuntos delitos de asociación ilícita y apropiación o utilización de caudales. Como en el anterior, el funcionario de Vivienda, Construcción y Saneamiento se encuentra en calidad de imputado.

A lo señalado se adicionan dos investigaciones penales por los presuntos delitos de concusión (colusión ilegal), casos registrados en el distrito fiscal de Cusco con los n.° 1805110102-2009-329-0 y 1806110100-2009-64-0, ventilados en la Primera Fiscalía Superior Penal de Cusco y la Fiscalía Provincial Penal de Wanchaq, respectivamente.

Por si fuera poco, registra cuatro denuncias penales por los presuntos delitos de peculado de uso, es decir la apropiación o uso ilegal de bienes y recursos del Estado incurrido por un funcionario público. Es un delito que afecta al patrimonio del Estado. Los casos se investigan en la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Cusco y la Primera Fiscalía Superior Penal de Cusco.

Además, el nuevo brazo derecho del ministro, lleva tres casos en la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Cusco por los presuntos delitos de asociación ilícita y apropiación o utilización de caudales (peculado).

Para completar el oscuro rosario, Pastor Paredes también registra casos penales por el presunto delito de violación de la libertad de trabajo en la Segunda Fiscalía Provincial de Wanchaq y también por los presuntos delitos de colusión ilegal, peculado, omisión y asociación ilícita en la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Wanchag.

Fuente: Ministerio Público.

Cuestionado paso en el Gore Cusco

En el 2010, el procurador regional del Cusco, Luis Gallegos, informó que cinco años de pena privativa de la libertad pidió la Fiscalía Penal Superior de Cusco a la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de esta región, en contra de Oscar Pastor Paredes, entonces gerente general del Gobierno Regional de Cusco, por la compra irregular de 19 mil frazadas.

La denuncia contra el ex funcionario es por el delito de colusión, ya que en el 2007 cuando el Gobierno Regional de Cusco compró 19 mil frazadas para las zonas altas azotadas por el friaje, el ex gerente Pastor junto con dos trabajadores direccionaron la adquisición de estos cobertores a la empresa San Jorge, por un valor de 210 mil nuevos soles.

Oficinas del Gobierno Regional de Cusco.

Sedapal lo despidió por favorecer a su anterior empresa

Los cuestionamientos a Oscar Pastor Paredes registran larga data y son conocidos en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, especialmente en Sedapal, cuando se desempeñó como gerente de Desarrollo e Investigación, cargo en el que duró cinco meses, luego de ser separado.

Según el acuerdo N.° 119-029-2016, del 12 de diciembre de 2016, Pastor Paredes fue separado del cargo y de la institución por favorecer a un proveedor, lo que fue considerado como una falta grave.

La investigación interna determinó que el entonces funcionario de la empresa de agua potable más importante del país incurrió en una grave falta ética al haber elaborado el entregable de una empresa con la que mantuvo un vínculo laboral que fue presentado a Sedapal, y que él otorgó conformidad, sin informar absolutamente a nadie de la situación, en un evidente conflicto de interés.

En los considerandos que sustentan su salida, se indica que el “funcionario omitió informar a la empresa (Sedapal) que habría elaborado el entregable n.° 5, lo cual evidencia una falta de transparencia como trabajador de la empresa”, lo que se tradujo en la conclusión del vínculo labora por el retiro de confianza de Pastor Paredes.

Fuente: Sedapal

De acuerdo a su hoja de vida, este cuestionado funcionario de Vivienda, Construcción y Saneamiento, laboró en la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), heredera de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) precisamente como asesor y jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos.

Uno de sus pasos más criticados en la administración pública se dio en el Gobierno Regional de Cusco, en el cargo de gerente general, en el 2007.

Lima Gris se comunicó con la oficina General de Comunicaciones del Ministerio de Vivienda para recoger el descargo sobre la contratación del señor Oscar Paredes Pastor, pero hasta el cierre del informe no tuvimos respuesta.

El parlamentario Carlos Zeballos Madariaga anunció que está impulsando una moción de interpelación contra el ministro de Educación, Morgan Quero. El legislador de Podemos Perú informó que actualmente ya llevan 15 firmas y necesitan reunir 23 rúbricas requeridas. Asimismo, contó que también se está considerando una ‘moción de invitación’ para que el cuestionado titular del Minedu pueda asistir al Congreso y dar explicaciones sobre sus polémicas aseveraciones.

Al respecto, Zeballos Madariaga indicó que, dependiendo del desarrollo de ambas convocatorias, se podría dar paso a una posible moción de censura, y también menciona que el ministro Quero cometió errores graves en sus declaraciones, incluso, aduciendo que podría sufrir de «afasia receptiva», lo que explicaría que no entienda bien las preguntas y dé respuestas inapropiadas.

A pesar de las disculpas del ministro Morgan Quero, las expresiones que tuvo fueron muy cuestionadas y provocaron indignación entre los parlamentarios, por lo que se está buscando una respuesta oficial.

Eduardo Salhuana rechaza declaraciones de Morgan Quero sobre fallecidos en protestas

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, también lamentó las polémicas declaraciones de Morgan Quero en torno a los manifestantes contra el gobierno de Dina Boluarte y no dudó en pronunciarse sobre el tema lamentando esta situación y exigiendo que el funcionario explique los motivos y, de ser el caso, ofrezca las disculpas del caso. «Cometió un error», manifestó.

A solo un día de culminar la primera legislatura ordinaria del Congreso, Eduardo Salhuana aseguró que Morgan Quero debe explicar a todos la razón de dichas expresiones, que han generado tanta polémica.

Defensoría del Pueblo exige la salida inmediata de Quero

A pesar que la Defensoría del Pueblo tiene por habito defender la gestión de la presidenta Dina Boluarte, esta vez fue diferente y también se ha pronunciado sobre lo dicho por Morgan Quero en Piura y han lamentado el hecho mediante un comunicado en redes sociales. En el pronunciamiento escrito, el organismo asegura que dichas frases afectan directamente a la memoria de las víctimas y traen al presente el dolor de sus familiares.

Luego, exigieron la destitución inmediata de Morgan Quero por considerar que su presencia afecta a la lucha por los derechos humanos.

«Frente a las deplorables declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero, al indicar que ‘los derechos humanos son para las personas, no para las ratas’, en respuesta a la pregunta de una periodista sobre los 50 fallecidos durante las protestas del 2022-2023, la Defensoría del Pueblo expresa su total rechazo e indignación ante estas ofensivas afirmaciones que afectan la memoria de las víctimas y reviven el dolor de sus familiares», se lee en el comunicado.