Si es posible traerlo del cuello al ‘hermanito’. El Ministerio del Interior (Mininter), a través del Programa de Recompensas, ofrece un beneficio económico de S/ 150 000 por información relevante que contribuya a la ubicación y captura del exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, sindicado como uno los cabecillas de la red de corrupción “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
El exmagistrado presenta una orden de requisitoria por los delitos de organización criminal y cohecho activo genérico, así como un pedido de 36 meses de prisión preventiva solicitado por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. 

En una sesión extraordinaria, la Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad del Ministerio del Interior (Mininter) decidió este último miércoles incluirlo en la lista de “Los Más Buscados” del Programa de Recompensas, con el propósito de promover que la ciudadanía colabore con información idónea que contribuya a la ubicación y captura del exmagistrado.

Cabe recordar que Hinostroza Pariachi fugó a España en el 2018, a través de la frontera con Ecuador. El Poder Judicial requirió tres solicitudes de extradición contra el exmagistrado, entre los años 2018 y 2019, una por los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y cohecho pasivo específico; y otras dos por delitos contra la administración pública, en las modalidades de cohecho activo genérico en agravio del Estado peruano y cohecho pasivo específico. 

Al respecto, el Estado Peruano realizó cuatro pagos al estudio de abogados español Pelayo, Clemente, Baos por más de medio millón de soles para la frustrada extradición de César Hinostroza.

Según un reportaje del programa dominical Panorama, el Estado desembolsó un total de 152 mil euros, equivalente a más de medio millón de soles, para llevar a cabo dicha extradición.

En diciembre del 2018 se pagó 25.000 euros, en febrero del 2020 otros 25.000 euros, en agosto del 2021, 5.000 euros y, finalmente, en enero del 2023 —con un ex juez supremo ya fugado de España—una suma de 97.000 euros.

Según la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, solo dos de estas carpetas de extradición recayeron ante el Juzgado Central de Instrucción N° 5 de la Audiencia Nacional – Madrid, en España. 

Si un ciudadano conoce del paradero de alguno de los prófugos que fueron incluidos en la lista de “Los Más Buscados” puede denunciarlo de manera gratuita, segura y confidencial, llamando al 0800 40 007.

Pretendían seguir prendidos de la ‘teta’ del Estado. La titular del Ministerio de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, acaba de anunciar la remoción total del directorio del programa Fondo Mi Vivienda, luego que su sector ordenara una auditoría general por los presuntos casos de corrupción detectados durante la gestión de Geiner Alvarado.

“Se habrían contratado a funcionarios que fueron parte de esta red criminal. Lo que sí puedo señalar es que desde un primer momento se conversó con el presidente del directorio del Fondo Mi Vivienda y se realizó una auditoría. A partir de esa auditoría que, ahora está en manos de la Fiscalía, se decidió remover a todo el directorio. Hoy está conformado por nuevas personas y profesionales (…) Asimismo, se ha renovado a todo el plan dirigencial”, detalló en conferencia de prensa.

En ese sentido, la titular de Vivienda remarcó que esta decisión no tiene vinculación con el caso de la empresaria Sada Goray, investigada por la Fiscalía por la presunta entrega de una millonaria coima al ex asesor del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, recientemente excarcelado.

Otras irregularidades

Respecto a la paralización de un proyecto para el mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en Piura, tras detectarse supuestas irregularidades en el otorgamiento de la buena pro, Hania Pérez de Cuéllar anunció que el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) emitirá una nueva resolución.

“La segunda sala del tribunal de contrataciones resolvió de oficio declarar nula la resolución expedida por el PNSU que pretendía reevaluar el proceso de selección dado que, al haber irregularidades en la integración de las bases, se estaría vulnerando los principios de transparencia”, agregó.

Asimismo, la ministra de Vivienda reveló que otros ocho proyectos vienen siendo revisados para una eventual detección de acciones irregulares o de presunta corrupción.

“Existen otros proyectos que están en la mira. Estamos hablando de aproximadamente ocho proyectos que hemos heredado de la anterior gestión. Estamos verificando caso por caso cómo se han dado los procesos y las licitaciones. Y es por eso que se ha tomado la decisión de restructurar los comités de selección sobre la base que estas designaciones se dieron en la época de Geiner Alvarado“, detalló.

Finalmente, la ministra de Vivienda destacó la labor del Ministerio Público y la Policía Anticorrupción que más temprano realizó una diligencia a raíz de la denuncia que hizo la propia titular del sector respecto a proyectos en lo que se habría detectado actos de corrupción.

“He dispuesto que el PNSU brinde todas las facilidades al equipo de investigación. Asimismo, he instruido a la secretaría general que lleve a cabo todas las coordinaciones necesarias para facilitar el acceso a información sensible que requieran las autoridades”, puntualizó.

Se habría acabado la diplomacia para pasar a las amenazas verbales. Diplomáticos del consulado peruano en México recibieron amenazas de muerte a través de un audio, donde se les advierte que si no se van del país serán devueltos al Perú en “pedacitos”.

“Te vamos a romper toda tu *****, pinche embajador. Te vamos a reventar toda tú *****, y te vamos a extraditar en cachitos a tu pinche país. Lárgate, tienes 48 horas para que te largues de México o te sacamos del país en una ***** bolsa de basura. Hijo de *****. ¿Entendiste, perro?”, se escucha en el audio presentado por el noticiero de Latina.

En otro pasaje del audio se escucha a la persona decir: “Si te llega al ***** Dina Boluarte, que se vaya y se meta su ***** presidencia por el *****, entendiste ***** embajador *****. México tiene dignidad y no van a seguir ofendiendo a México, ni a un ***** que se siente presidente de México, porque él representa nuestra dignidad como mexicano, peruanos de *****”, agregó.

Aún está en evaluación desde el Ministerio de Relaciones Exteriores un pronunciamiento. Pero tanto Cancillería como Palacio de Gobierno han confirmado la existencia del audio, según informó Latina.

Recordemos que ambos países viven un agitado clima diplomático, debido a que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no reconoce como mandataria a Dina Boluarte, negándose a entregarle la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. En tanto, la cancillería peruana respondió retirando al embajador. En esa línea, el Congreso peruano declaró recientemente a AMLO como persona no grata.

Según informó el periodista, Santiago Gómez de Latina Noticias, el audio fue dejado en el buzón de voz del Consulado peruano en la Ciudad de México. Además, indicó que dicha oficina ha solicitado resguardo policial para los diplomáticos y al parecer los representantes peruanos ya tendrían seguridad.

“Los diplomáticos peruanos envían el audio a las autoridades, sientan una serie de denuncias, dan a conocer a la Policía sobre esta amenaza de muerte y se pide resguardo especial… México tiene una situación compleja de seguridad ciudadana y de crimen organizado, y el contexto del tono que tienen los líderes están generando un discurso de odio”, lamentó.

El hombre que deja el mensaje en la casilla de voz todavía no ha sido identificado; sin embargo, ya se estaría investigando el tema. La canciller Ana Cecilia Gervasi ya tendría conocimiento sobre el tema. Además, el encargado de negocios de México en Perú reportó la rápida reacción de las autoridades mexicanas.

“Aunque dejó en claro que las relaciones con nuestro país no están de la mejor manera, la Policía (de México) puso un resguardo extra en la sede consular que funciona, que es la encargada de sellar diversos trámites, aprueba los visados especiales. Hay muchos peruanos que acceden a estas oficinas diplomáticas”, detalló Gómez.

Golpe por golpe. La bancada de Renovación Popular acaba de presentar un proyecto de ley para que el Estado peruano denuncie a la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) a la que se encuentra adscrita desde el 28 de julio de 1978.

El congresista Jorge Montoya, vocero de la bancada celeste, es el autor de la polémica iniciativa que ha entrado a la mesa de partes del Legislativo. En su escrito sostiene que su propuesta tiene como fin “salvaguardar la soberanía e independencia” del país en concordancia con el artículo 43 de la Constitución Política.

“Tras la aprobación respectiva en dos legislaturas en el Parlamento, la presidenta de la República, Dina Boluarte, debe remitir en un plazo de 30 días la denuncia contra la Convención Americana de Derechos Humanos. En caso no lo haga, entonces el Ejecutivo tendrá que entregar un informe que detalla las razones a su negativa”, se menciona en el proyecto.

Entre los argumentos del proyecto se menciona que la afiliación del Perú a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) “se realizó de manera incondicional, lo que significa que solo es posible desvincularse” denunciando la Convención Americana de Derechos Humanos.

“El paso de una fase a otra implica irreversibilidad. Por consiguiente, para acabar con la injerencia perniciosa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la corte, es necesaria la denuncia total”, agrega el documento.

En otra parte de los puntos de la iniciativa se lee que la propuesta para que el Perú se salga del sistema interamericano es “un hecho incontrastable la madurez institucional y democrática”. Y para ello se cita lo ocurrido con el autogolpe fallido del expresidente Pedro Castillo del 7 de diciembre del año pasado.

“EI Estado peruano no requiere ser tutelado jurisdiccionalmente por un órgano extranjero, supranacional, que no está sujeto a ningún tipo de controles funcionales y de calidad, sin posibilidades impugnatorias y de contradicción. Este tratado internacional y sus órganos derivados han devenido en un moderno colonialismo jurídico, sobre los países latinoamericanos, con efectos invasivos en el sistema de justicia y que afectan el derecho a la libre determinación de los pueblos”, menciona.

Adicionalmente, el congresista Montoya enfatiza que “el sistema interamericano de Derechos Humanos se encuentra en crisis y desgaste por sesgo ideológico”.

“Su defensa de los derechos fundamentales se ha desvirtuado y como órgano supranacional, ha sido capturado ideológicamente por ideas marxistas, habiéndose politizado profundamente, lo que ha desvirtuado su esencia de jurisdicción”, finaliza.

Otra vez, Andrés. Siempre polémico y controversial, siempre ufanándose de estar vinculado a personas muy cercanas al poder como el caso de su vínculo con el golpista Pedro Castillo. El popular conductor de televisión Andrés Hurtado, o también conocido en el mundo artístico como ‘Chibolín’, acaba de ser mencionado por el otrora periodista Mauricio Fernandini en la confesión que este hizo a la Fiscalía sobre su participación en la presunta coima de 4 millones de soles que la empresaria Sada Goray entregó al operador de la organización criminal conocida como el ‘Gabinete en la sombra’, Salatiel Marrufo Alcántara.

“Otro día, a inicios de septiembre de 2021, mi prima Julieta del Pilar Tijero me dijo que debía acompañarlos a una cena en el restaurante ‘La Cuadra de Salvador’. Primero llegó Sada Goray y (luego) Pilar Tijero, para después llegar yo. Pasamos a un (salón) privado del restaurante y cuando estábamos trasladándonos hace contacto conmigo mi amigo Andrés Hurtado y Sada Goray me dice: ‘quiero conocer a Andrés’. Por lo que nos tomamos todos una foto con él, llegando en ese momento Salatiel Marrufo, intercambiando teléfonos entre Andrés Hurtado y Sada Goray”, se lee en la declaración de Fernandini a la Fiscalía, según reveló la periodista Milagros Leiva en su programa de ‘Willax TV’.

Lo curioso es que, unos días después de aquel encuentro, Goray apareció como invitada de ‘Sábado con Andrés’, el show que Hurtado tiene en Panamericana. “Hay otro hombre que siempre está cerca del poder. Andrés Hurtado ‘Chibolín’ entra en escena… ¿qué pasó después entre Sada Goray y Andrés Hurtado ‘Chibolín’? acá está… ¿Le habrá pagado?”, contó Leiva, dando paso a un clip de aquella entrevista.

En el video se ve a Sada Goday promocionando un proyecto de vivienda de su empresa ‘Marka Group’, mientras que el conductor le asegura que intercederá por ella ante el Gobierno. “Le agradezco a Techo Propio que continúe con Marka Group. Tú me avisas nomás si algún alcalde o alguien del Gobierno osa retrasar algina vivienda”, le dice Andrés Hurtado a la empresaria.

Y en toda la trama, también está Chibolin… pic.twitter.com/cM64AL0W7f

— Carlos Viguria (@cviguria) May 31, 2023

Milagros Leiva se pregunta luego si el excómico estaría al tanto de las coimas. “El programa de ‘Chibolín’ es del 9 de octubre y se acababan de conocer en setiembre, pero ya decía que era su gran amiga. ¿Sabría ‘Chibolín’ de la coima?, ah bueno pregúntenle. Él siempre estuvo cerca del poder y con (Pedro) Castillo se burlaron de los niños con cáncer y yo no me olvido de eso”, sostuvo la periodista.

Leiva hacía referencia a que el pasado 12 de mayo de 2022, el presidente Pedro Castillo y el conductor de televisión oficializaron, en Palacio de Gobierno, la entrega de un cheque de más de S/4 mil millones de soles para los niños con cáncer. No obstante, se conoció que el apoyo no se materializó.

Hoy el gobierno de la presidente Dina Boluarte mediante la Resolución Suprema Nº 008-2023-MC, designó a Ninoska Rosario Chandía Roque como presidente ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y, además, miembro del Consejo Directivo.

Chandía Roque reemplaza en el cargo a Jesús Solari Díaz que fue despedido por múltiples razones con respecto a su cuestionado manejo del Instituto televisivo y radial.

Según nuestras fuentes, en el Ejecutivo la decisión de sacar a Solari fue orden directa de la mandataria Boluarte y no precisamente del primer ministro Otárola, pese a que él fue vetado muchas veces de la señal abierta durante las trasmisiones de sus habituales Consejos de Ministros. Pero prácticamente eso fue lo que colmó la tolerancia de la presidente que le ordenó a la ministra de Cultura Leslie Urteaga que ya no vaya más en el cargo por las innumerables quejas de malas prácticas funcionales. 

Ninoska Chandía trabajó hace muchos en Radio Nacional y hasta hace poco se desempeñó como Directora de Comunicación e Imagen del Despacho Presidencial; y ha sido el brazo derecho de Nicanor Boluarte, hermano de la jefa de Estado.

Recordemos que hace 2 años la encargatura de Francisco Sagasti designó a Nicanor Boluarte como director de la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU), justo cuando Dina Boluarte era candidata a vicepresidencia de la Republica en la plancha de Pedro Castillo; pero al día siguiente renunció al cargo.

Según nuestra fuente, un grupo de personas que conocen a Ninoska le habrían entregado un documento con detalles de todos los maltratos, clientelismos y abusos que acontecían dentro de los fueros de la televisora estatal y al parecer la comunicadora de Palacio informó a la presidente Boluarte y el desenlace ya es conocido por todos. Ella fue retirada del entorno de la señora Boluarte luego que Hildebrandt en sus trece y Caretas publicaron que trabajaba con su hermano Nicanor Boluarte… pero hoy se ha convertido en la nueva mandamás del IRTP.

Así las cosas, más allá de las especulaciones que se vienen tejiendo por la procedencia de la nueva directiva del IRTP, lo cierto es que los caviares continúan perdiendo cargos en las instituciones y empresas claves del Estado y continúan “llorando” en las redes sociales, luego de 20 años de malas prácticas y despropósitos en todo el aparato estatal.

En ese sentido, el IRTP y el Ministerio de Cultura han sido “claves” para ellos; lo dice bien claro en sus mandamientos Antonio Gramsci, que su bastión para manipular la cultura es la televisión y la radio. La revolución cultural gramsciana que prevaleció sobre los primeros postulados marxistas ha sido nuestro flagelo en nuestro país en las últimas décadas.

Está por verse si ahora a la nueva mandamás del IRTP le temblará la mano y extirpe a los pocos enquistados de las gerencias de prensa (por cierto, la más ominosa y en cuya oficina trabajan los colaboradores inmediatos de Mónica Vargas y cuya sala de redacción está en una explanada y no existe allí un jefe que monitoree y supervise las labores, porque la gerente acude a la sala de redacción a la “muerte de un obispo”)  televisiva y administrativa que hasta hoy le han hecho daño al canal y a la radio de todos los peruanos y se requiere una gestión competente con un nuevo equipo de periodistas y gerentes para poner orden y rigor en lo que hasta hoy se convirtió en tierra de nadie, porque nunca existió autoridad y ni meritocracia. 

Un cero menos a la cifra porque no les alcanza. La ex premier Betssy Chávez y los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, de las carteras del Interior y Comercio Exterior (Mincetur), respectivamente, solicitaron al Poder Judicial que las cauciones impuestas, en medio de la investigación tras el golpe de Estado de Pedro Castillo, sean reducidas de forma exponencial.

El PJ, a través del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, declaró infundado el último 26 de abril el pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva en contra de los señalados.

El Ministerio Público, a través del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, les imputa el presunto delito rebelión y conspiración en agravio del Estado en calidad de coautores.

El magistrado Juan Carlos Checkley impuso, en aquel momento, una medida de comparecencia con restricciones con reglas de conducta, a cada uno de los exfuncionarios castillistas, y el pago de una caución económica de 100 mil soles a Chávez, 80 mil soles a Huerta y 50 mil soles a Sánchez.

El citado juez también ha aceptado, tras su primer fallo, las apelaciones de los señalados para variar el monto de sus respectivas cauciones. Estos recursos, presentados hace un mes aproximadamente, ascenderán a una sala en la Corte Suprema tras emitirse una resolución.

En el caso de Chávez Chino, quien se desempeñaba como primera ministra al producirse el quiebre constitucional, se ha solicitado reducir el monto de 100 mil soles de cauciónpor solo 10 mil.

Mientras tanto, Sánchez Palomino ha pedido que la suma de 50 mil soles impuesta baje a 5 mil; y Huerta Olivas que se le “exonere y/o reduzca prudencialmente” la imposición de 80 mil soles, de acuerdo a el diario El Comercio.

La Fiscalía de la Nación, a su vez, también presentó una apelación ya aceptada. La institución, que también investiga a Castillo Terrones por presunta organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada; en un caso distinto al del golpe de Estado, ha pedido que se revoque las comparecencias con restricciones a los imputados por la prisión preventiva solicitada.

Cabe mencionar que Pedro Catillo, Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta serán procesados juntos por el golpe de Estado ocurrido en diciembre del año pasado.

El juez Checkley Soria, magistrado de Investigación Preparatoria, dictaminó que los casos, que se llevaban por separado, sean acumulados en un solo expediente; según el medio citado.

De mal en peor. El juez Víctor Zúñiga Urday impuso impedimento de salida del país a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, su exesposo Mark Vito Villanela y otros seis dirigentes y/o colaboradores del referido partido político, con miras al desarrollo del próximo juicio público contra ellos por delito de lavado de activos.

Los dirigentes y colaboradores de Fuerza Popular incluidos en la medida son Vicente Silva Checa, Ana Herz Garfias de Vega, Adriana Tarazona Martínez, Jaime Yoshiyama Tanaka, José Chlimper Ackerman y Pier Figari Mendoza. Para todos ellos, la prohibición para viajar fuera del país es por 36 meses.

En tanto, denegó el pedido de la fiscalía para imponer una vigilancia judicial al partido político Fuerza Popular por los próximos tres años, en que debe realizarse el juicio público por los presuntos aportes ilícitos en las campañas electorales

El juez acogió en parte el pedido de la fiscal Paulina Roque de equiparar las reglas de conducta que deberán cumplir mientras se desarrolla el juicio público.

Así, el juez les impuso la obligación de no variar su actual domicilio, sin previa autorización del 4to Juzgado de Investigación preparatoria nacional; comparecer cada 30 días al registro de control biométrico para registrar su huella e informar al juzgado de sus actividades; presentarse a las citaciones de la fiscalía y al juzgado cada vez que sean citados para alguna diligencia y la prohibición de comunicarse con coimputados, testigos o peritos de este proceso.

Sobre esta última regla de conducta, el juez aclaró que están exceptuados los familiares hasta el quinto grado de consanguinidad y tercero de afinidad y/l con otras personas cuando se deba realizar un contacto por motivos profesionales. Luego, vía aclaración precisó que también se exceptúa la prohibición de comunicarse entre Fujimori y Vito por su condición de tener hijas en común.

Además, el pago de caución para Vicente Silva Checa, de 20 mil soles; Ana Herz, 15 mil soles; Climper Ackerman, 40 mil soles; y Mark Vito, 10 mil soles, que deberán abonar dentro del plazo de 10 días hábiles, a partir de la presente resolución.

La fiscalía y los abogados apelaron la decisión del juez, por lo que la medida será revisada por la Sala de Apelaciones Nacional. La fiscalía había pedido otras 16 reglas de conducta que el juzgado consideró infundados.

Al término de la audiencia, Zúñiga Urday anunció que en los próximos días emitirá la resolución para pasar al juicio público.