Personal del Ministerio Público llegó hasta el domicilio y la oficina del congresista Guillermo Bermejo, ubicada en el distrito de Santiago de Surco, a fin de realizar las diligencias de allanamiento, descerraje, e incautación de bienes y documentos como parte de las investigaciones enmarcadas en el caso que también es conocido como “Los operadores de la Reconstrucción”.

Según las precisiones reveladas por un colaborador eficaz al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción (EFICCOP), Bermejo habría incurrido en el delito de tráfico de influencias agravado por presuntamente haber recibido una serie de sobornos por cada obra gestionada en la Autoridad Nacional para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Como resultado, la Fiscalía, en compañía de la PNP, llegó hacia la vivienda del legislador ubicada en la Alameda Domingo Tristán y Moscoso, en Santiago de Surco.

La intervención se ejecutó al promediar las 7:00 a.m. en una intervención en la que no fue necesario hacer uso de la fuerza, pues el parlamentario abrió las puertas de su residencia voluntariamente a fin de que el EFICCOP continúe con las pesquisas. Según la tesis de la Fiscalía, es en dicha vivienda de Surco en la que el congresista recibió un sobre manila con 40 mil soles producto de las presuntas coimas que cobraba por cada contrato logrado en la ARCC.

Al mismo tiempo, pero en el Centro de Lima, otro equipo de fiscales se dispuso a las afueras de uno de los edificios del Congreso de la República, a fin de ejecutar también la orden de allanamiento e incautación de bienes y documentos de la oficina del legislador, a raíz de las acusaciones en las que se encuentra inmiscuido.

Los fiscales llegaron a las afueras del lugar de trabajo del congresista Bermejo al promediar las 7:30 a.m.; en donde se realizarán las pesquisas respectivas en el transcurso del día. Como se sabe, junto a Bermejo también se ha sindicado a al ex asesor de Bermejo, Francisco Jara, quien en la actualidad se encuentra cumpliendo un pedido de prisión preventiva por 20 meses.

La disposición de prisión preventiva también fue dictada para Yul Valdivia Beteta, quien también ha sido sindicado como un “asesor en la sombra” del congresista Bermejo, por sus constantes visitas al despacho del legislador, el mismo que en la actualidad se encuentra en intervención por el EFICCOP.

El 1.5% para Bermejo

El congresista ha sido comprendido en la investigación denominada por la Fiscalía de la Nación como el caso “Los Operadores de la Reconstrucción” debido a las implicancias de Bermejo detectadas gracias a un colaborador eficaz. Entre sus revelaciones más relevantes para el Ministerio Público, está el detallado de los porcentajes de comisión que Guillermo Bermejo; Valdivia y Jara recibían por contrato de licitación obtenido en el distrito La Unión.

Según este colaborador, al legislador se le otorgaba un soborno del 1.5% por cada contrato, mientras que a Yul Valdivia y Francisco Jara, se les otorgaba el 0.5%, respectivamente. Estas declaraciones fueron refrendadas también con un audio revelado en el que se deslizaba el esquema de trabajo aplicado por Valdivia y Jara respecto a los encuentros con Bermejo.

Las ve negras. Tal parece que el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Óscar Ver Gargurevich no continuará en su cargo y por ello anda buscando aliados para revertir esa situación. Una moción de censura será debatida mañana en el Pleno y su suerte parece estar echada, sin embargo, el titular del Minem busca aferrarse a su cargo.

Una investigación de Infobae Perú, basada en el portal de transparencia del Minem, demuestra que tres parlamentarios estuvieron en el despacho del ministro Vera, a tan solo días de su probable censura. Es así que el congresista de Acción Popular, Elvis Vergara, estuvo el pasado 15 de setiembre en el despacho del ministro cuestionado.

Un detalla a resaltar: Actualmente, Vergara se encuentra en calidad de investigado por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de organización criminal en el caso ‘Los Niños’; dicho parlamentario no firmó la moción de censura contra Vera.

Sin embargo, el legislador acciopopulista no es el único. El titular del Minem también tuvo reuniones con representantes del Bloque Magisterial.

El ministro Vera también recibió el viernes pasado al congresista Segundo Quiroz, quien llegó acompañado con su asesora Damaris Chacón Paredes, entre las 15:08 a 16:26 horas de la tarde por “motivos de trabajo”.

Quiroz no es el único de la bancada de los profesores que llegó al Minem. Ayer, Pasión Dávila se juntó con Vera entre las 9:25 a 10:45 de la mañana. Ningún miembro del Bloque Magisterial ha firmado la moción de censura del titular de la cartera de Energía y Minas.

Hay que precisar que el integrante del Ejecutivo debía presentarse en la Comisión de Energía y Minas para que explique el proceso de calificación que se le ha otorgado a Petroperú para operar en los lotes petroleros, pero no llegó a asistir.

Precisamente, el congresista Jorge Morante (Fuerza Popular) denunció que el ministro Vera estaría llevando a los voceros de las bancadas a su despacho.

“No tiene tiempo para ir a la comisión, pero sí para reunirse en su despacho con voceros de los grupos parlamentarios con el fin de explicarles sobre la política de hidrocarburos”, dijo ante el grupo de trabajo liderado por Segundo Quiroz, uno de los visitantes del titular de Energía y Minas.

El legislador fujimorista agregó que los asesores del titular del Minem también se estarían moviendo entre las bancadas para saber si existen los 66 votos para aprobar la censura de Óscar Vera.

La Contraloría General de la República detectó una pérdida valorizada en S/ 2 261 460 en el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) debido a que funcionarios y servidores de dicha empresa del Estado dispusieron efectuar pagos indemnizatorios por retiro de confianza a trabajadores que fueron designados directamente (sin concurso público de méritos) en cargos de confianza y de dirección entre enero de 2017 y marzo de 2023.

Según el Informe de Control Especifico N° 16098-2023-CG/VICOS-SCE, cuyo período de evaluación va del 1 de enero de 2017 al 30 de abril de 2023, dichos pagos fueron justificados como “Indemnización especial según artículo 38 de la Ley N° 728” pese a no constituirse como despedidos arbitrarios.

Al respecto, el artículo 34 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral señala que un trabajador tiene derecho a la indemnización como única reparación por el daño sufrido solo si el despido es arbitrario, es decir, por no haberse expresado causa objetiva derivada de la conducta y/o capacidad del trabajador.

Sin embargo, esta situación no se configuraba para los extrabajadores de Sedapal favorecidos con las indemnizaciones, ya que fueron designados directamente en cargos de confianza y de dirección, por lo que el retiro de confianza o su remoción es una facultad discrecional de la entidad, dado a su naturaleza especial y subjetiva, por lo que no generaba derecho alguno de indemnización por despido arbitrario, debido a que es una forma de extinción de la relación laboral.

Argumentos legales

El informe de Contraloría recuerda que la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia resolvió la Casación Laboral N° 18450-2015-LIMA denominada “Reposición por despido incausado y otros”, donde se pronunció que no corresponde otorgar indemnización por despido arbitrario a los trabajadores que ocuparon puestos de confianza bajo el régimen de la actividad privada (que sigue Sedapal y otras empresas del Estado).

Este criterio interpretativo también fue recogido en el VII Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral y previsional de las Salas de Derecho Constitucional y Social Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia, publicado en setiembre de 2018, el cual viene siendo aplicado de manera uniforme por las demás instancias jurisdiccionales.

Asimismo, la comisión de control señala que los pagos indemnizatorios por retiro de confianza no cuentan con una norma legal habilitante, por lo que contravienen el principio de legalidad, el cual constituye un parámetro de actuación de la administración pública.

Pese a ello, la justificación usada por Sedapal es un pronunciamiento de su Gerencia de Asuntos Legales y Regulación, y la opinión de un estudio jurídico externo, los cuales no se sustentan en las diferentes fuentes del derecho administrativo, tal como lo señala el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

El rastro de los pagos

En ese sentido, Sedapal realizó 51 pagos indemnizatorios por retiro de confianza a 48 trabajadores designados directamente en cargos de Gerentes y Jefes de Equipo. Según la información analizada por los auditores de la Contraloría, la mayor cantidad de estos pagos se registró en el año 2017 con 14 trabajadores en cargos de confianza (cinco gerentes y nueve jefes de equipo), quienes recibieron pagos por S/ 425 352.80.

También se pagaron indemnizaciones a siete extrabajadores de confianza (un gerente y seis jefes de equipo) por S/ 208 198.38 en el 2018, a otros ocho exjefes de equipo en el 2019 por un valor de                                  S/ 445 719.22, y a otros tres exjefes de equipo en el 2020 por la suma de S/ 151 496.49.

Mientras que en el 2021 se pagaron indemnizaciones por S/ 172 048.06 a 4 exjefes de equipo, en el 2022 se pagaron otros S/ 577 531.88 a nueve extrabajadores (un gerente y ocho jefes de equipo); y hasta marzo del 2023 ya se habían pagado S/ 281 112.70 a seis extrabajadores (jefes de equipo). Cabe precisar que un extrabajador recibió indemnizaciones en dos oportunidades (2017 y 2021), otro recibió también en dos periodos (2018 y 2022) y una extrabajadora recibió en tres ocasiones (2017, 2020 y 2021).

Presuntos responsables

El informe de Contraloría determinó presunta responsabilidad en 22 exfuncionarios de Sedapal (de ese total, siete ocuparon cargos de Gerente General), de los cuales todos tienen presunta responsabilidad civil, cuatro tienen responsabilidad administrativa funcional sujeta a la potestad de la entidad y otros nueve con responsabilidad administrativa sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.

En ese sentido, el informe recomienda al Presidente del Directorio de Sedapal a realizar las acciones que correspondan para el deslinde de las responsabilidades de los funcionarios comprendidos en los hechos detectados por la Contraloría. También se plantea al Órgano Instructor y a la Procuraduría Pública de la Contraloría iniciar las acciones contra los funcionarios y servidores involucrados en las irregularidades reportadas.

No tiene la más mínima voluntad de trabajar para los peruanos y los grita a los cuatro vientos. Un mes antes de viajar a Estados Unidos y mantenerse en ese país por más de seis meses, la congresista de Podemos Perú, Digna Calle, presentó un proyecto de ley que propone modificar el artículo 95 de la Constitución para que los ‘padres de la Patria’ puedan renunciar a sus cargos.

Se trata de la iniciativa 03872/2022-CR, la cual fue ingresada el 29 de diciembre del 2022, con el objetivo de “establecer la renuncia voluntaria de los parlamentarios a su cargo que se encuentre debidamente motivada, pero con una firme restricción, evitando así el abuso de este derecho para fines políticos”.

Un día después que la Comisión de Ética aprobara iniciar una investigación por sus reiteradas ausencias, la congresista Calle hizo recordar que ya había presentado dicha iniciativa.

La representante de Podemos Perú se hizo presente ayer en el Congreso de la República y reiteró que no cometió ninguna falta ética por sus licencias que le permitieron vivir en Estados Unidos por meses pese a ser legisladora. En tal sentido, afirmó que insistirá en su proyecto para conseguir la renuncia congresal.

“No es posible que en el Perú el presidente de la República pueda renunciar y nosotros como congresistas, no. Por supuesto, voy a ser la primera en irme si se aprueba ese proyecto de ley”, manifestó a los medios de comunicación.

Digna Calle consideró que el objetivo del inicio de la investigación que se le abrió en la mencionada comisión, así como las otras dos denuncias en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, es para destituirla del cargo. 

“Esto ya es más político que otra cosa. Voy a reunirme con la bancada y sí tengo el respaldo… la virtualidad ha llegado al Congreso de la República. Entonces está permitido trabajar virtualmente porque eso dice en el reglamento del Parlamento. Si bien ellos han trabajado virtualmente yo también hice lo mismo, pero se me está acusando por eso, entonces ¿en qué quedamos si ellos hacen lo mismo?”, sostuvo.

Como se recuerda, la Comisión de Ética aprobó ayer, por mayoría el informe de calificación de la denuncia contra la congresista Digna Calle, debido a las licencias solicitada a la Mesa Directiva del Parlamento para ausentarse del país por varios meses.

Calle regresó el pasado 5 de setiembre al Perú tras haber permanecido más de ocho meses en Estados Unidos, ello gracias a que contaba con licencia sin goce de haber otorgada por el Parlamento.

Cumplió con su palabra. La semana pasada, el congresista de Fuerza Popular, Jorge Morante, adelantó que iba a denunciar ante la Contraloría a la presidenta de Perupetro, Isabel Tafur, y todo su directorio, por presuntamente haber beneficiado a UPLAND OIL AND GAS LLC, sucursal del Perú, con un acuerdo irregular que favorecería solamente a la empresa privada, otorgándole un mayor plazo para sus labores de exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote XXIII.

Asimismo, el parlamentario Morante, quien además es miembro de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, argumenta que ese supuesto favorecimiento se debe a una estrecha relación entre la actual titular de Perupetro y el señor Jorge Rivera Reusche, accionista de UPLAND. Dicho favorecimiento habría sido avalado por el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, tal como se indica en la denuncia presentada a la Contraloría.

“Llama la atención que el Directorio de PERUPETRO S.A. que dirige la señora Isabel Tafur Marín, haya aprobado el Acuerdo de Directorio N° 039 -2023 con fecha 3 de abril de 2023, que regula el “Acuerdo de Sustitución de Obligaciones y Prórroga de Plazos del Segundo, Tercer y Cuarto Periodo del Programa Mínimo de Trabajo de la Fase de Exploración del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote XXIII” sin haber cumplido el procedimiento establecido”, se lee en el documento elaborado por el legislador Morante quien resalta que “PERUPETRO acepta la postergación de los compromisos contractuales a cambio de otros compromisos”, deslizando que eso se debería a que la señora Tafur ahora es presidenta de Perupetro.

En tanto, en relación con la participación del ministro Óscar Vera, el legislador fujimorista sostiene que “resulta extraño que el dueño de la empresa UPLAND tenga una reunión con el ministro días antes que presente una propuesta de modificación de obligaciones de su contrato de exploración y explotación del Lote XXIII y que extrañamente, PERUPETRO varía su posición sin mayor sustento; posterior a esto, el señor Jorge Rivera Reusche tuvo una reunión con el Ministro señor Óscar Electo Vera Gargurevich y sus funcionarios en representación de otra de sus empresas: Energy Transfer, que de acuerdo a una publicación del diario “La República” del 15 de mayo de 2023, mostró la disposición de esta empresa de tener la concesión del Gasoducto del Sur”.

De esta manera el congresista Morante cuestiona las reuniones previas entre el ministro de Energía y Minas con el señor Jorge Rivera Reusche, y además menciona que la actual titular de Perupetro, Isabel Tafur, tuvo como cliente al accionista de UPLAND, aseverando que ello podría haber favorecido en el nuevo acuerdo modificatorio.

La delincuencia urbana afecta de manera transversal a todos, sean grandes o chicos, obreros, funcionarios e incluso autoridades gubernamentales, pues algunas de ellas vienen recibiendo amenazas por parte de organizaciones criminales extranjeras. A propósito de ello, el alcalde la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Rafael López Aliaga, se pronunció respecto a la ola delictiva que viene azotando varios distritos de la capital, más precisamente sobre la granada que dejaron en los exteriores de la discoteca Xander’s y donde se registró 15 heridos. En ese sentido, afirmó que impulsará la ley de terrorismo urbano.

“Ya estamos en un terrorismo urbano que pongan una granada a un grupo musical en San Juan de Lurigancho es terrorismo acá y en la China. Esa ley fue derogada en la época de [Alejandro] Toledo. Los caviares de porquería que estaban gobernando”, declaró para Canal N.

El alcalde de la MML indicó que se debe volver a aprobar ante la ola de crímenes. Además, señaló que desde el Congreso de la República se tiene que hacer “trabajos” para proteger a la Policía Nacional del Perú (PNP).

A su vez, pidió que los sujetos involucrados en estos casos deben contar con una pena efectiva. “Hay muchos temas que hay que trabajar desde el Congreso y Ejecutivo”, añadió.

Asimismo, el pasado viernes, el Concejo Metropolitano acordó para que el alcalde de Lima pida al Ministerio del Interior por la intervención de las Fuerzas Armadas para apoyar a la PNP. Ante esta situación, López Aliaga precisó que ya se reunió con el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta. Mientras que el encuentro con el ministro del Interior, Vicente Romero, está pendiente.

“Este tema ya no espera […] cuando hablamos de Fuerzas Armadas no nos tome el pelo, estamos hablando de un rol disuasivo, lo que antes era la guardia republicana que estaba protegiendo los activos críticos del país. Eso hay que volver a hacer”, señaló a la prensa.

La autoridad edil aseveró que no es necesario declarar en estado de Emergencia el distrito para aprobarse la salida de los militares. “Uno choro va a pensar mil veces cuando una tanqueta [esté] cada cinco cuadras”, añadió.

Por otro lado, manifestó que apoya al alcalde de San Juan de Lurigancho que convocó una marcha por la ola de criminalidad que se registra en su comuna. Además, respaldó lo anunciado por la presidenta al declarar en emergencia al distrito.

Sicariato, extorsión y organizaciones criminales encajarían como terrorismo

Por su parte, el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, también viene solicitando que los delitos de extorsión, sicariato y organizaciones criminales sean catalogados como “terrorismo”.

“El terrorismo urbano existe cuando se propala una situación que atemoriza a la población y que, ciertamente, crea el caos y el desconcierto. Nosotros hemos podido ver cómo así están lanzando granadas”, sostuvo en conferencia de prensa desde el exterior de Palacio de Gobierno.

“Terrorismo urbano o violencia urbana, lo que sea, es que todos los peruanos [debemos] unirnos para derrotar a estas mafias y estas pandillas que andan aterrorizando”, añadió Castillo.

El estado de emergencia en San Juan de Lurigancho (SJL), San Martín de Porres (SMP) y Sullana, en Piura, inició la madrugada de hoy y ya se pudieron apreciar operativos policiales mas no de los militares, tal como había anunciado la presidenta Dina Boluarte, y que ya se oficializó mediante Decreto Supremo (DS) Nº 105-2023-PCM.

En el documento se lee que también se declara el estado de emergencia durante 60 días en los distritos de Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa de la provincia de Sullana.

Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú (PNP) tendrá el apoyo de las Fuerzas Armadas para mantener el control del orden interno. La institución policial deberá determinar las zonas en las que requerirán la presencia de militares.

También se aplicará lo indicado en el numeral 1 del artículo 37 de la Constitución Política del Perú. Es decir, quedarán sin efecto los siguientes derechos constitucionales: libertad de tránsito, inviolabilidad de los domicilios, la libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

En el artículo 4 del DS aprobado se indica que estarán suspendidos, entre la medianoche y las 4:00 horas, los eventos sociales y espectáculos. Esta medida estará vigente durante los 60 días que durará el estado de emergencia.

Además de las Fuerzas Armadas y la PNP, también tendrá una participación la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

El objetivo es que Migraciones ayude a controlar e identificar la “migración irregular en el ámbito territorial del presente decreto supremo y la posible comisión de infracciones en materia migratoria”.

Por su parte, Sucamec apoyará con el desarrollo de operaciones policiales que ayuden a saber qué personas utilizan licencias vigentes para portar armas, así como tarjetas de propiedad del armamento.

También se busca que aporten con la realización de un censo de personal civil que presta servicios de seguridad privada.

“El Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú coordinan con los Gobiernos Regionales, Gobierno Locales y entidades públicas y privadas para que coadyuven con su capacidad operativa para el cumplimiento de lo establecido en el presente decreto supremo”, se lee en el decreto supremo.

La PNP también recibirá el apoyo de los gobiernos regionales y locales durante la realización de fiscalizaciones en los transportes públicos, así como en vehículos menores, lugares de diversión y hospedajes.

Otras acciones que podrán ejecutar son patrullaje integrado, videovigilancia y actualización de los mapas del delito y riesgo.

Estado de emergencia, pero por ahora sin militares

El ministro del Interior, Vicente Romero, detalló que habrá presencia militar desde la madrugada del 20 de setiembre en distintos puntos de SJL, SMP y Sullana.

En el distrito de SJL, las Fuerzas Armadas resguardarán el Pasamayito, túnel Santa Rosa, Jicamarca y Campoy.

En Sullana, se encontrarán en los distritos de Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa.

En tanto, en SMP, permanecerán en las avenidas Canta Callao, Tomás Valle, Angélica Gamarra, Universitaria, Perú, Zarumilla, Vía Evitamiento, Caquetá y en el puente del Ejército.

Polémico y frontal, amado y odiado, para muchos Antauro Humala representa la única salvación del país, para otros es solamente un chiflado que cada cierto tiempo ofrece declaraciones incendiarias que alborotan a la ciudadanía. Una de ellas fue la que mencionó tras su salida de prisión luego de 17 años de cautiverio.

El sentenciado por el caso “Andauhuaylazo” sentenció: “Para mí es muy hermoso verlos nuevamente, reconozco acá a muchos compañeros, a muchos reservistas que me acompañaron hace 17 años y medio en Andahuaylas. Ahora estamos nuevamente fuera y les vuelvo a decir, nos sentimos todos muy orgullosos de lo que hicimos en Andahuaylas”.

Ante ello, el Ministerio Público decidió abrirle una investigación por los presuntos delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad contra la paz pública -apología; y alteración del orden constitucional, en las modalidades de rebelión y conspiración. Sin embargo, recientemente ha desistido de continuar con las pesquisas, por lo que su caso ha quedado archivado tras no formalizarse.

No fueron las únicas declaraciones cuestionables del expresidiario. Dos meses después, desde un mitin en Arequipa, sostuvo que en un eventual gobierno suyo disolvería el Parlamento.

“Por supuesto que vamos a cerrar el Congreso, uno no sale después de 18 (años) de cautiverio a bromear, nadie sale a bromear después de tanto tiempo. Vamos a cerrar el Congreso y no solo eso. Cuando hablamos de una crisis republicana, nos estamos refiriendo a una crisis en los últimos treinta o cuarenta años, en la cual el Gobierno actual de Pedro Castillo solamente es un epílogo de algo más monstruoso, terrible y trágico”, comentó en aquel momento.

Otras afirmaciones similares se encuentran comprendidas en el documento que lleva la firma de la fiscal Viviana Valdivia Martínez, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa.