La exfuncionaria del Ministerio de Cultura, Claudia Miranda Sotomayor, es recordada por haber estado en medio del escándalo del caso Joinnus. Durante ese momento ella ejercía el cargo de directora de la DDC de Cusco, y según fuentes de la ciudad imperial, fue una de las protegidas de la exministra Urteaga Peña. Pero tras la llegada del ministro Fabricio Valencia, desde el 27 de septiembre esta señora dejó de pertenecer a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, según la Resolución Ministerial Nº 000363-2024-MC, donde se señala: “Dar por concluida la designación de la señora Claudia Miranda Sotomayor”. El documento lleva la rúbrica del ministro de Cultura Fabricio Valencia Gibaja.

Sin embargo, Miranda Sotomayor aún mantenía el cargo de responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones del ámbito de acción de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco,

en la cartera de Cultura. No obstante, el ministro Valencia mediante la Resolución Ministerial N° 000372-2024-MC, dio por concluida su designación en dicho cargo en Cusco.

Removieron a otro exSunedu traído por Leslie Urteaga

Como se recuerda, la ministra de Cultura Leslie Urteaga designó a Martín Rodolfo Pittman Castro en el cargo de Asesor II de la Secretaría General del Ministerio de Cultura, desde el 30 de noviembre del 2023 (Resolución Ministerial N° 000497-2023-MC). Este abogado de la universidad de Piura, también fue Director de Sistema Administrativo II de la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario de la Oficina de Administración de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), designado por el cuestionado superintendente de entonces, Martín Benavides, desde el 2 de enero del 2019 (Resolución de Superintendencia N° 0205-2018-Sunedu), hasta el 20 de febrero del 2022.

Asimismo, se desempeñó como Director de la Dirección de Supervisión e Instrucción del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) desde el 8 de mayo de 2023 hasta el 30 de agosto del mismo año.

No obstante, ya no va más, porque el ministro Valencia mediante la Resolución Ministerial N° 000371-2024-MC, acaba de aceptar la renuncia de Pittman Castro al cargo de Asesor II de la Secretaría General del Ministerio de Cultura que venia desempeñando desde hace 11 meses.

Sin embargo, el ministro Fabricio Valencia en los últimos días también ha designado a cuestionados personajes para que se desempeñen en el Ministerio de Cultura, pese a que fue advertido. Asimismo, aún no renueva diversos cargos que han sido copados por personas provenientes de Sunedu e Indecopi, con la venia de la exministra Leslie Urteaga. 

Los tentáculos del infame presentador televisivo Andrés Hurtado ‘Chibolín’ no solo alcanzaron Palacio durante el mandato de Pedro Castillo, sino que habrían aparecido desde el primer día que Dina Boluarte asumió la presidencia de la República. Y es que recientemente el ex asesor del predecesor de la autodenominada ‘madre de todos los peruanos’, Henry Shimabukuro, investigado a propósito de haber financiado presuntamente la campaña electoral de Boluarte, manifestó que ‘Chibolín’ le habría llenado de obsequios a la actual jefa de Estado, destacándose sobremanera el traje amarillo que vistió para la toma de mando.

No obstante, el empresario destaca que no solo se trataría de una sola prenda de vestir, sino también de otros “regalitos o detalles por asumir el cargo de presidenta”.

“Él (Andrés Hurtado) regalaba prendas y objetos para ‘endulzar’ a las personas. (…) Pero no solo el traje amarillo, sino también otras cosas como regalitos, detalles por asumir el cargo de la presidenta”, dijo Shimabukuro en un reportaje de ATV.

CHIBOLÍN LE REGALÓ A DINA ESE VESTIDO AMARILLO DEL 7D Andrés Hurtado también fue uno de los waykis de Boluarte. Se van descubriendo los tentáculos del fujimorismo antes de las masacres en el Sur Andino. ¡Miserables todos! pic.twitter.com/VfKGdFMNAD

— Comeñista (@verdeembeleso) October 3, 2024

Adicionalmente, sostuvo que la ex asesora de Boluarte, Grika Asayag, reporta ingresos a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) lo cual coincidiría con las fechas en que ‘Chibolín’ se aparecía por esas instalaciones.

“Esta señora o señorita que es de extrema confianza de la señora Dina Boluarte tiene ingresos a la DINI en varias ocasiones que coinciden con la fecha cuando Andrés Hurtado estuvo en la DINI”, añadió.

Hace unas semanas, el programa ‘Beto a Saber’ también dejó entrever un presunto nexo entre ‘Chibolín’ y la mandataria. La diseñadora Maritza Espinoza, amiga del presentador de televisión, confirmó que le hizo el vestido que lució la jefa de Estado en las actividades de Fiestas Patrias del 2023.

“Yo no niego que no. Sí, yo la conocí el año pasado y fue para el 28 de julio”, dijo en setiembre en Willax TV; no obstante, luego se negó a dar más detalles sobre el polémico traje amarillo.

La presidenta de la República Dina Boluarte hoy por la mañana mencionó: “nada ni nadie nos podrá dividir”; sin embargo, con sus actitudes ella cada día divide más a los peruanos, al reafirmarse que no dará declaraciones a la prensa, alegando que “su mejor comunicación es con obras”. Las declaraciones las dio mientras participaba en la ceremonia de inauguración de la Escuela Bicentenario I.E. 2099/0394-1 “Rosa Merino”, en el Rímac.

Acompañada, como es habitual del ministro de Educación Morgan Quero, durante su presentación, Boluarte Zegarra aprovechó para anunciar que tiene proyectado inaugurar la escuela Bicentenario número 31 a fines de este año.  

Boluarte dijo que no pierde el tiempo ante ‘las mentiras y críticas’ contra ella

La jefa de Estado aprovechó para decir que ante “tantas mentiras y tantas críticas” no se va a rendir y que tampoco perderá el tiempo en esas situaciones. Sin embargo, las cifras de su gobierno fallido no mienten, y de acuerdo a las encuestas, apenas tiene un 5% de aprobación.

Este es parte del discurso de la inquilina de Palacio de Gobierno

“Ese es el compromiso de esta presidenta, de esta mujer andina que no se rinde ante tantas mentiras y ante tantas críticas. No pierdo el tiempo en ello, diariamente estamos pensando cómo llevar mejor desarrollo a nuestro país, a nuestras niñas a nuestros niños, a nuestros estudiantes. Darles tranquilidad a nuestros padres de familia que cuentan con escuelas que valgan la pena donde sus niñas, sus niños, sus hijos adolescentes reciban la enseñanza que se merecen. Este el compromiso de esta chalhuanquina que va a caminar por todo el Perú para dejar mejor educación, mejor salud, mejor calidad de vida para todas las peruanas y todos los peruanos. Nada ni nadie nos podrá dividir; sigamos avanzando en meta de construir un Perú mejor, de construir el desarrollo de la patria, de construir mejores ciudadanos, de construir mejores estudiantes”.  

El titular de la cartera de Defensa Walter Astudillo, da entender que el Estado peruano se encuentra en un inminente conflicto bélico y por ello afirma que hay que estar preparados para la guerra. Y pese a que se autodenomina defensor de la libertad de expresión; luego de ser consultado por la compra de aviones de combate de “última generación” para la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y al preguntársele por el próximo millonario gasto que afrontará el Gobierno, pese a otras prioridades que requiere el país, se incomodó durante la ronda de preguntas, de los periodistas que le cuestionaban por la próxima adquisición.

“Son 24 aviones. El gobierno ha dado muestras de respeto a la libertad de expresión y todos los ministros así lo entendemos. Creo que la libertad de ideas es buena; también defiendo esos derechos. Sin embargo, en los últimos años, esto ha llegado a situaciones incontrolables. Pues no todos somos especialistas, el problema es cuando pseudoanalistas o personas que han ocupado cargos públicos importantes proporcionan información tendenciosa, y eso no se debe permitir”, enfatizó Astudillo.

“No nos damos cuenta del juego político de personas que no quieren al Perú. Es necesario que se conozcan las condiciones de las Fuerzas Armadas y de la PNP. La decisión es importantísima e histórica, y todos los medios deben tomarla en cuenta. Si se determina que responden a intereses de otros países, están incurriendo en traición a la patria”, mencionó.

Esa fue la manera de expresarse al momento que invocaba al Ministerio Público que actúe de oficio contra los presuntos ‘traidores a la patria’ que cuestionen la modernización de la flota aérea.

Por su parte, el experto en defensa nacional, Andrés Gómez De La Torre, ha criticado al ministro Astudillo por afirmar que quienes se oponen a la compra de aviones de guerra son “traidores a la patria” y remarcó que debería aligerar sus declaraciones porque podrían generar un efecto negativo respecto de las intenciones que tiene el gobierno de Dina Boluarte.

“Tiene que tener un poco más de fineza para ciertas declaraciones, porque tampoco es hacer una polarización decir que quien se opone a la compra son traidores a la Patria. Creo que habría que aligerar algunas declaraciones que más bien genera un efecto contraproducente en este tipo de intenciones que tiene el gobierno actual”, sostuvo Gómez de la Torre.

Sin embargo, aclaró que existen propuestas de Estados Unidos para crear un puerto espacial en el norte del Perú.

“Estamos en un escenario muy complicado de competencias internacionales, en donde China Popular también tiene un juego muy grande, Estados Unidos también. Hay una propuesta dentro de los tres postores de la empresa Lockheed Martin. La Fuerza Aérea del Perú, entiendo está trabajando muy fuertemente la cooperación con los Estados Unidos a esta posibilidad en el norte del país, de generar un puerto espacial”, concluyó.

El Juez Supremo de Investigación Preparatoria Juan Carlos Checkley Soria ha ordenado la prisión preventiva por 18 meses contra Andrés Hurtado ‘Chibolín’; sin embargo, declaró infundada la misma medida en contra de la fiscal suspendida Elizabeth Peralta Santur y la mandó a su casa para que en libertad siga su investigación por tráfico de influencias agravado y así tenga la posibilidad de planear lo que le dé en gana para obstruir su propio proceso y se configure un verdadero peligro procesal. Sin embargo, para Checkley, eso no va a pasar.  

Entre los hechos atribuidos a Elizabeth Peralta en su condición de Fiscal Superior Titular Especializada en delitos de Lavado de Activos, se le imputa la acción de interceder influencias reales ante el Fiscal Provincial Lucio Sal y Rosas, para que el minero Augusto Miu Lei pague un millón de dólares por intermedio de la familia Siucho y de Andrés Hurtado ‘Chibolín’, con el fin que se levante la incautación de 200 kilos de oro, que pertenecería al minero. En esa línea, la Fiscalía le atribuye ser coautora del presunto delito de tráfico de influencias y cohecho activo especifico, ambos en agravio del Estado.

¿Cuáles fueron los argumentos de la Fiscalía?                           

El Ministerio Público requirió la prisión preventiva de 18 meses contra la imputada Peralta Santur por haberse hallado graves elementos de convicción. Y además del riesgo de fuga, existe el peligro de obstaculización. Si bien se determinó que tiene arraigo domiciliario, ella no tiene arraigo familiar, porque es soltera y sus dos hijos son mayores de edad y económicamente independientes. Asimismo, tampoco tiene arraigo laboral de calidad, porque el 17 de septiembre pasado la Autoridad de Nacional de Control del Ministerio Público la apartó preventivamente del cargo de la función fiscal por un plazo de seis meses.

Volviendo al peligro de fuga, Peralta Santur ha realizado numerosos viajes al extranjero desde el 2011 hasta el 2022, por lo tanto, tiene capacidad económica y a pesar de haber entregado sus pasaportes, ella igualmente tiene una alta probabilidad de viajar sin necesidad de contar con dicho documento a países de la Comunidad Andina, como Colombia, Bolivia y Ecuador. Es decir, actualmente en libertad tiene todas las posibilidades de fugarse. Asimismo, la imputada en lugar de cautelar su rol en aras de una correcta administración pública para preservar la imagen de su institución, ha normalizado su amistad con ‘Chibolín’ a pesar que ha admitido que conocía que él sería proxeneta. No es menos cierto que todos tienen derecho a elegir a los amigos que quiera, como menciona su cómico abogado defensor Benji Espinoza. Sin embargo, aquí cobra alta relevancia el dicho: “Dime con quién andas y te diré quién eres”. En otros términos, una persona que se precie de cauta y ejerza un mínimo de sentido común, jamás se juntaría con un personaje como ‘Chibolín’, y menos mantendría una estrecha amistad, tras considerar los antecedentes precedentes de este personaje. Y mucho menos, un servidor del Estado, que no solo por ley, sino por decoro está obligado a mantenerse al margen de este tipo de personas, porque, de todas formas, comprometería su imagen institucional.

El grosero blindaje de Juan Carlos Checkley a favor de Elizabeth Peralta

El juez Juan Carlos Checkley, tras haber evaluado los graves elementos de convicción presentados por la Fiscalía, ha considerado que no amerita una prisión preventiva contra Elizabeth Peralta, precisamente, por no haber encontrado los mismos (elementos de convicción).

Y con respecto al peligro de fuga, advierte que tampoco ha encontrado una actitud negativa procesal de parte de Peralta Santur. Y por el contrario, ella acudió a todas las citaciones y a la diligencia de allanamiento en su domicilio personal y en su oficina. Por lo tanto, no ha perturbado la investigación.  Asimismo, Checkley tampoco considera que con Peralta Santur exista peligro de obstaculización. Pese a que de manera contundente la Fiscalía ha sustentado que la imputada ha tratado de ocultar los elementos de prueba que la involucran, al negarse entregar su teléfono móvil y de ser la posesionaria del número celular 920778740, a pesar que los fiscales y administrativos que laboraban con ella han asegurado que dicho número de celular era parte del grupo de WhatsApp de su despacho.

Asimismo, durante el allanamiento a su inmueble encontraron en su cartera un manuscrito que dice: “Borrar el backup del WhatsApp”. “Borrar configuración de obtener historial” y “Borrar historial de Google Maps (mis rutas)”. Y pese a las contundentes pruebas que evidencian un flagrante peligro procesal, el juez Checkley se ha puesto en contra de su deber de administrar justicia y aduce que ello no necesariamente constituye obstrucción a la justicia. Finalmente, con respecto al ticket de viaje y la maleta con ropa encontrada que estaría preparada para ser utilizada en la huida, el juez argumenta que como la imputada manifestó que preveía que iba a ser detenida, entonces tenía preparado su equipaje. Es decir, el juez le creyó todo. ¿Acaso es creíble la ‘credulidad’ de Juan Carlos Checkley?  

Juez Checkley es investigado en caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’

Como se recuerda, el 21 de mayo pasado el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria se inhibió de despachar en los casos que involucran a las hermanas Patricia y Enma Benavides, luego que la propia Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos lo incluyera en la investigación del caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’. Según la tesis de fiscal suprema Delia Espinoza, Checkley en su condición de juez supremo provisional, habría realizado acuerdos irregulares con la exfiscal de la Nación Patricia Benavides con el fin de favorecer y blindar a su hermana, la jueza Enma Benavides, actual investigada por presuntamente favorecer a narcotraficantes, a cambio de dinero cuando era parte de la Sala Penal Nacional. Asimismo, el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) también abrió una investigación preliminar contra Checkley Soria, por el mismo caso de un presunto favorecimiento hacia las hermanas Benavides Vargas.

Finalmente, la fiscal Elizabeth Peralta amiga del prófugo exjuez supremo César Hinostroza, líder de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, ha sido blindada por el también investigado juez Juan Carlos Checkley, pese a los contundentes elementos de convicción que requerían que esta fiscal se mantenga recluida para evitar que borre más evidencias que la incriminan por tráfico de influencias. Sin embargo, nuevamente vuelve la vieja práctica de “Los hermanitos”, que entre ellos se protegen y se “parcializan” en sus funciones procesales con el afán de cautelar a la “cofradía”. En tal sentido, es exigible una pronta recomposición y una “fumigación” tanto en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, porque están plagados en su mayoría no solo de prevaricadores e ignorantes en doctrina jurídica, sino, de inmorales y corruptos, que apenas subsisten para satisfacer sus afanes crematísticos y están muy lejos de conocer cuál es la verdadera dimensión del honor.  

Mientras los bosques de nuestro país se incendian, las bandas criminales continúan exigiendo el cobro de cupos a cientos de peruanos, mientras asesinan a más transportistas, disparando a diestra y siniestra en plena vía pública, o los mineros ilegales se tumban a punta de dinamita otra torre eléctrica, para la jefa de Estado, Dina Boluarte, es más importante endeudarnos por S/7,500 millones para adquirir 12 aviones caza y un segundo avión presidencial, pues el actual ya no combinaría con las joyas ni vestimenta de la mandataria.

Fuera de sarcasmos, ese monto que el Gobierno está dispuesto a desembolsar es una cachetada a todos los miles de peruanos que en estos momentos viven aterrorizados por los extorsionadores, muchos de ellos evaluando cerrar sus negocios o adoptando medidas más drásticas como abandonar el país.

Semejante cantidad de dinero, que bien podría ser destinada para combatir la delincuencia callejera, se encuentra registrado en el proyecto de “Ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2025” e indica que la fuente para el financiamiento sería un préstamo del Banco de la Nación.

De acuerdo a un informe difundido el último sábado en el diario Perú 21, la compra sería ejecutada por la Fuerza Aérea del Perú (FAP), aunque esta en realidad sería la primera de dos que se harían por el mismo motivo. Es decir, que la administración de Boluarte Zegarra, buscaría comprar un total de 24 aviones de guerra por un monto total aproximado a los S/15,000 millones. Es así como, posiblemente, la segunda parte de la adquisición también podría ser financiada por medio de una segunda deuda.

¿Nos vamos a la guerra?

Resulta poco idóneo combatir la delincuencia callejera con aviones de guerra, o sofocar los incendios con ese tipo de armamento, entonces, ¿para qué se están comprando, sobre todo a un alto precio? Desde el Ministerio de Defensa han esbozado una respuesta poco convincente, la cual es que el Perú esté preparado para una guerra. ¿Cuál guerra, la de Medio Oriente?

El viceministro de Políticas para la defensa, el mayor general de la FAP en retiro, César Torres, manifestó “tenemos que prepararnos para la guerra si queremos garantizar la paz”, según declaraciones para el citado medio.

“Nuestra presidenta ha hecho conciencia situacional y ha tomado una decisión muy difícil con el ministro de Defensa y el primer Ministro para dar este paso importante”, añadió Torres.

Resulta difícil de creer que el sistema de Inteligencia de un país no tenga las herramientas necesarias para dar con el paradero de un simple sujeto que no tiene la capacidad de volar, ni de volverse invisible, ni tampoco de teletransportarse y aparecer caprichosamente en una remota ciudad. Y es que para situaciones similares en cuestión de días o semanas se dio con la captura de peligrosos terroristas. O al menos se tiene algún indicio donde podría estar aquella persona, pero para el caso del fundador de Perú Libre pareciera que cuando se les consultase a los investigadores todos respondieran al unísono “desconozco mayormente”.

De corroborarse esa triste realidad, la cual daría a entender que los delincuentes están mejor implementados que nuestras instituciones encargadas de velar por la seguridad del país, entonces cabe preguntarse qué se está haciendo con todo el dinero que millones de peruanos le dan a las arcas del Estado.

La otra posibilidad, la que tiene mayor asidero, es que el propio gobierno de Dina Boluarte se esté encubriendo estratégicamente al prófugo ex gobernador regional de Junín. Las declaraciones del capitán PNP Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’, mencionaron que el mismísimo ministro del Interior, Juan José Santiváñez, le confesó que Cerrón Rojas se encuentra protegido por militares cubanos.

“Él me dice que el señor Cerrón estaba custodiado, enchalecado, por ocho militares cubanos. Esas son las palabras”, señaló el policía a la comisión que preside el congresista Juan Burgos de Podemos Perú.

Así también, resulta increíble que un vehículo presidencial, denominado ‘Cofre’, se encuentre en el mismo lugar donde se habría estado escondiendo Vladimir Cerrón, hecho que la propia jefa de Estado ha salido a declarar que en realidad ella se encontraba por ahí debido a una reunión familiar.

O el hecho que el médico cirujano se estaría escribiendo con congresistas de su bancada, según conversaciones de WhatsApp, sobre todo con una particular cercanía con la parlamentaria Kelly Portalatino, a la cual le habría confesado su amor incondicional luego de una larga noche de copas. Ante esto último, ¿qué tal complicado era geolocalizar el dispositivo utilizado por Cerrón?

Hasta que realmente el Gobierno se anime a capturar a Vladimir Cerrón, este continuará apareciendo, cual espectro, en ceremonias de su partido, o escribiendo cómodamente desde algún lugar paradisiaco del norte del Perú, mientras los supuestos cubanos que lo protegen se ríen con él por las explicaciones que van soltando de tanto en tanto los ministros de Boluarte.

Ahora la investigada será ella. La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos inició una investigación preliminar contra la fiscal Marita Barreto por supuestamente haber filtrado información de carácter reservado. Dentro de la investigación también se revisará la manera en cómo obtuvo su maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos.

Sobre la primera indagación, la fiscal Delia Espinoza estableció un plazo de 60 días para recolectar información y evaluar la formalización. Durante este tiempo, se buscará esclarecer si las acciones de Barreto constituyen una violación a las normas que rigen la conducta de los funcionarios públicos en el manejo de información sensible.

La decisión se adoptó luego de que el legislador Guillermo Bermejo la denunciara por presuntamente compartir datos de una investigación en su contra. A través de su defensa legal, el parlamentario denunció a la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) por los presuntos delitos de revelación indebida de identidad y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

En su denuncia, el congresista de la bancada de Cambio Democrático –Juntos por el Perú no solo solicitó que Barreto sea suspendida, sino que además se allanen sus inmuebles. Asimismo, que se incaute su laptop y/o cualquier otro dispositivo, sumado todo ello a la declaración del periodista Carlos Paredes, quien reveló que la fiscal le daba información de los casos.

Por otra parte, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha solicitado información sobre cómo obtuvo su grado de maestría, la cual, según una investigación periodística del programa Contracorriente, habría sido conseguida de manera irregular.

Frente a ello, el ente de educación superior envió un oficio a la universidad Alas Peruanas para solicitarle información sobre la obtención del grado académico, la cual deberá ser dada en 10 días.

El programa de Willax se basa en el registro de notas de Barreto, las cuales solamente son aprobatorias, mas no excepcionales; pese a ello se le otorgó un summa cum landen, es decir, “los mejores honores”, en su trabajo final. Además, que la revisión y aprobación de su tesis se haya dadoen tiempo récord (5 días).

“Hemos tenido a muchos estudiantes. Dentro de ellos se encontraba Marita Barreto. No recuerdo brillantez. Del uno al diez, probablemente le pondría tres. […] Yo he sido miembro de jurado y postgrados muchas veces. Tengo un cuarto de siglo en esta labor y no es cosa común que una persona solicité la designación de miembros de jurado calificador un 13 de junio y que el 19 del mismo mes ya se haya conformado, evaluado y aprobado. ¿A qué hora estudiaron la tesis?”, sostuvo el profesor Luis Pacheco Mandujo diálogo con el dominical.