El Poder Judicial (PJ) dictaminó una orden de prisión preventiva por 18 meses contra el presunto terrorista iraní Majid Azizi, quien llegara a nuestro país la primera semana de marzo con la intención, según información policial, de asesinar a un empresario que se iba a alojar en el Cusco con motivo de la cumbre del Foro de Cooperación Económico Asia -Pacífico (APEC).

Como se recuerda, la Policía Nacional del Perú (PNP) anunció la detención de Majid Azizi, un ciudadano iraní de 56 años, señalado como miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica – Fuerza QODS, junto a dos individuos sospechosos mientras planeaban atacar a un ciudadano israelí. La operación policial se llevó a cabo en el Centro Comercial Las Malvinas, ubicado en el Cercado de Lima, donde Azizi fue aprehendido tras realizar una transacción en un cajero automático.

Fue la Dirección Contra el Terrorismo (Dirctote) de la PNP que permitió la captura de Azizi y también la de sus presuntos cómplices identificados como Walter Oswaldo Linares Solano, de 57 años, y Luis Filomeno Loja Vásquez, de 44 años. Ambos peruanos fueron detenidos en una serie de operaciones.

Cabe mencionar que Linares Solano afrontará las investigaciones en libertad, pero con algunas restricciones, entre ellas no ausentarse de la jurisdicción donde reside ni cambiar de domicilio sin autorización del juez, presentarse el último día hábil de cada mes para justificar e informar sus actividades, presentarse ante la autoridad fiscal las veces que sea requerida su presencia, tiene una prohibición de comunicarse con sus coprocesados y el pago de una caución económica de S/5000 ante el incumplimiento de una de las medidas. Además, de tener impedimento de salida del país.

Las investigaciones preliminares sugieren que el trío estaba en las etapas de planificación de un atentado contra un ciudadano israelí residenciado en Lima, lo que puso en alerta a las operaciones transnacionales.

Linares y el iraní se conocieron en una prisión en Japón cuando purgaron condena por tráfico de drogas. Según Linares, Azizi le ofreció S/5,000 para que consiguiera a un sicario que —por US$10,000— asesinara al empresario judío Shachar Malka.

El dato:

De acuerdo con la información policial, Majid Azizi pertenece a la Fuerza Quds, conocido como el brazo clandestino de la Guardia Revolucionaria, con el objetivo de secuestrar y asesinar en el país islámico. Además, este investigado también tiene nacionalidad peruana Majid Aziz, debido a que se casó con una compatriota.

Un rescate de película que merece todo el reconocimiento de la ciudadanía. Sujetada con un arnés que colgaba desde un helicóptero, una agente de la Policía Nacional rescató esta tarde a un hombre que había quedado atrapado en la azotea de un edificio del Cercado de Lima cuyas partes altas ardían en llamas producto del material inflamable.

El hombre ha sido identificado como Juan Rómulo Antúnez Cárdenas, de 64 años, y el rescate estuvo a cargo de la suboficial PNP Verónica Gargate Coaguila, de la Aviación Policial, quien demostró destreza en este acto que ha sorprendido a quienes se encontraban en el lugar.

En imágenes difundidas en televisión, se pudo ver el momento en el cual la suboficial de segunda logra sacar sano y salvo a Antúnez Cárdenas, con su respectivo arnés, y lo sostiene mientras ambos eran subidos hacia el helicóptero con ayuda de otro rescatista.

Gargate Coaguila señaló en RPP que Antúnez Cárdenas estaba en la azotea del edificio de seis pisos y no tenía una salida para ponerse a buen recaudo del fuego, por lo que se encontraba nervioso cuando acudió en su ayuda. “Estaba tenso cuando ascendíamos hacia el helicóptero, pero eso es normal”, refirió. El hombre ha sido llevado por precaución al hospital Hipólito Unanue.

El siniestro, que fue reportado desde casi el mediodía, afectó los pisos altos de un inmueble que funciona como almacén en la cuadra 10 del jirón Ancash, en la zona de Barrios Altos, en el Centro de Lima, el mismo que sirve como depósito de comerciantes de Mesa Redonda. 

Al lugar han acudido al menos 19 unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, incluyendo una escalera telescópica que permitirá dirigir el agua hacia el quinto piso, donde se habría originado el fuego. 

Un alto mando de la Policía en la mira. En una operación de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor), se detuvo al jefe del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Cercado de Lima y a tres efectivos por presuntamente haber recibido una coima de S/2,500. El Poder Judicial (PJ) aceptó el pedido de la Fiscalía de la Nación para ejecutar la detención preliminar por siete días de los cuatro intervenidos.

Uno de los detenidos es nada menos que el comandante PNP Ricardo Enrique Vargas Contreras, jefe de la Depincri del Cercado de Lima. Mientras que los otros agentes son Edward Leoncio Concha Sarango, Alexander Ricardo Ayma Cornejo y Leo Santos Cantuta, quienes también pertenecen a este mismo departamento.

Esta acción responde a una denuncia ciudadana que alegaba la exigencia de S/ 2.500 soles por parte de estos efectivos a cambio de la libertad de un familiar, según la Dircocor. De esta manera, los hechos se sitúan en el marco de una acusación por cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

En este operativo, realizado el pasado 13 de abril, se halló un sobre con billetes en las oficinas. Por su parte, los efectivos que salieron prefirieron guardar silencio. El caso continuará en investigación durante estos siete días en los que estarán detenidos.

Comandante Vargas Contreras aduce que se trataría de una venganza de la Fiscalía

El jefe del Depincri negó estar involucrado en el caso y afirmó que en el transcurso de los días se esclarecerá el hecho. Asimismo, aseguró que la acción del Ministerio Público está relacionado con el caso del fiscal que fue detenido cobrando coima para liberar a un intervenido.

“Yo soy el primero en aclarar todo esto. [¿Es inocente usted?] Sí, esto es porque ayer al fiscal lo han detenido y quieren limpiarse el Ministerio Público con un policía. Yo soy honorable”, señaló a su salida para ser trasladado.

El caso que refiere el comandante de la PNP es precisamente uno similar al que se le acusa. Un fiscal fue detenido en el distrito de Villa El Salvador (VES), tras ser acusado de solicitar una coima de S/2.000 a cambio de liberar a un detenido. El Ministerio Público, a través de una resolución, terminó la designación de Carlos Raúl Aquije Vilca en su cargo como fiscal adjunto provincial provisional del distrito fiscal de Lima Sur, después de su intervención en este acto de corrupción.

El fiscal fue detenido en flagrancia por la PNP y se le halló S/700 en efectivo, un monto que presuntamente sería un anticipo de un soborno exigido por el mismo para facilitar la liberación de un individuo previamente denunciado. Es así como sería denunciado por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio.

Abuso de autoridad. El Poder Judicial (PJ) dictó comparecencia con restricciones contra cinco efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) por la presunta detención arbitraria de Milan Knezvich Vulchevich, dirigente del Comité de Lucha de Abancay, en enero del año pasado, durante las marchas contra la presidenta Dina Boluarte en Apurímac.

A los agentes Vitto Serrano Inca, Alfredo Rojas Velásquez, Eliseo Palomino Ortiz, Marco Naveros Poma y Jefferson Anthony Martínez Huamán, todos de la Unidad de Seguridad del Estado, se les atribuye el presunto delito de lesiones leves, según el requerimiento presentado por el Equipo Especial de Fiscales para casos de con víctimas durante las protestas sociales.

De acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público, los policías habrían intervenido de manera arbitraria a Milan Knezvich, quien al momento de la detención mantenía una llamada por teléfono. Luego, presuntamente haciendo uso desproporcionado de la fuerza, lo subieron al patrullero. Uno de los efectivos le habría propinado un golpe en el tobillo.

De acuerdo con la declaración de Knezvich, dentro del patrullero, el efectivo Jefferson Anthony Martínez Huamán le dijo: “Ya te jodiste, con***, ahora va a saber lo que es bueno, terruco de ***”.

La jueza Margarita Salcedo, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, tras evaluar los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, declaró fundado el pedido de comparecencia con restricciones contra los policías. Estos son:

• Obligación de no ausentarse de la localidad en que reside, de cualquier modo, o a cualquier ámbito, sin previa autorización judicial emanada del Juez de Investigación Preparatoria Nacional; recomendando formular sus solicitudes con la antelación debida a efectos de darle el trámite correspondiente.
• Obligación de presentarse ante la autoridad fiscal y judicial las veces que sea requerido.
• Obligación de presentarse ante la autoridad judicial para el control biométrico de manera mensual
• Prohibición de comunicarse a través de cualquier medio de comunicación (redes sociales, por escrito, teléfono, personalmente u otros), así como concurrir a los domicilios, lugares de residencia o establecimientos penitenciarios de sus coimputados, testigos, peritos y otros vinculados a la investigación
• Justificar sus actividades, el mismo que se realizara cada 15 días, a través del medio virtual

La jueza Margarita Salcedo advirtió que, en caso de incumplimiento de las reglas de conducta, la comparecencia con restricciones puede ser revocada y, en su lugar, imponerse mandato de prisión preventiva contra esos cinco policías.

Una noticia lamentable que ha consternado a todos los vecinos de San Juan de Lurigancho (SJL), pues anoche efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron de manera preliminar a una ciudadana venezolana que responder al nombre de Reinely Alejandra Marín, por presuntamente haber ocasionado la muerte de un niño de tan solo 3 años de edad.

La extranjera de 24 años llevó ayer al infante a la posta médica de Mariscal Cáceres, pero este ya no tenía signos vitales, apreciándose a simple vista moretones en todo su cuerpo, generando las sospechas del personal médico y de los efectivos del orden.

Las primeras investigaciones dan cuenta que la ciudadana venezolana se encontraba a cargo del menor de edad pues la madre de este se encontraba de viaje en Ica, encargándolo para su cuidado durante unos días. Asimismo, se mencionó que la progenitora del pequeño niño se encontraría viajando de retorno a la capital.

Presunta homicida cambió de versión al menos en dos ocasiones

Cabe mencionar que la joven extranjera en distintas oportunidades ha ofrecido versiones sobre lo que habría acontecido. En un primer momento indicó que el niño había sufrido una fuerte caída lo que provocó la presencia de los hematomas; en otro momento sostuvo que los moretones habían aparecido días atrás. Todo ello solo provocó que las autoridades la sindiquen como la principal sospechosa del homicidio.

Ante la gravedad de la situación, la PNP ha asumido el caso y la acusada enfrenta cargos por homicidio. Efectivos de la Comisaría Mariscal Cáceres se encuentran a cargo de las investigaciones, mientras que la comunidad, consternada por este trágico suceso, clama por justicia.

Los vecinos de la zona han expresado su indignación y exigido que, de comprobarse la culpabilidad de la acusada, se aplique un castigo ejemplar. La comunidad espera que este lamentable incidente no quede impune y que se haga justicia en memoria del pequeño.

La parlamentaria de Avanza País, Patricia Chirinos presentó una denuncia constitucional contra el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, por presuntamente cometer los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.

La denuncia presentada fue dirigida a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (APP).

Denuncia constitucional contra fiscal supremo Pablo Sánchez.

En el documento, la titular de la Comisión de Defensa, además plantea que Sánchez Velarde reciba una sanción de inhabilitación de 10 años de la función pública y alega que el fiscal supremo debería ser sancionado por infringir los artículos 39°, 139° y 159° de la Constitución Política, al haber llamado telefónicamente al fiscal Rodrigo Rurush para que suspenda la diligencia realizada en las oficinas de la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL) el 9 de julio del 2018, bajo amenaza, que de no hacerlo tendría que ‘atenerse a las consecuencias’.

En esa ocasión, Rurush llegó a la sede del IDL, ubicada en el distrito limeño de San Isidro, para revisar los audios que involucraban a los miembros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que ahora está conformada como la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que habían sido difundidos como “primicia” a través del portal web de la ONG.

Sin embargo, la acción fiscal se paralizó luego que Rurush revelará en una declaración ante el Ministerio Público el año pasado, que recibió una llamada del fiscal de la Nación, por ese entonces, Pablo Sánchez, quien le ordenó: «suspende inmediatamente la diligencia, o atente a las consecuencias».

Y es que Rurush aseguró que el director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, llamó al fiscal Pablo Sánchez para informarle sobre la diligencia fiscal.

«La presunta actuación del exfiscal de la Nación, se enmarca dentro de la tipificación de delito de obstrucción de la justicia y merece ser objeto de una investigación. Toda vez que en palabras del fiscal Rurush, el ex fiscal de la Nación habría llamado exigiendo que suspenda la diligencia de exhibición de documentos en el Instituto de Defensa Legal, bajo la amenaza, que de no hacerlo debería ‘abstenerse a las consecuencias’», se lee en los fundamentos de hecho del documento.

Diligencia del fiscal Rurush a oficinas de IDL y que fue suspendida por orden de Pablo Sánchez.

Pablo Sánchez también es investigado en Fiscalía por cohecho activo especifico 

Actualmente, el Ministerio Público, por intermedio del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, inició diligencias preliminares contra el fiscal supremo Pablo Sánchez a raíz de las declaraciones ofrecidas por Jaime Villanueva.

Sánchez Velarde es indagado por el presunto delito de tráfico de influencias agravado y cohecho activo específico, al presuntamente transar favores con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Según el colaborador Villanueva, Benavides Vargas le planteó a Pablo Sánchez que archive el caso de su hermana, la jueza Enma Benavides. En retribución, la fiscal suspendida le iba a ordenar al fiscal Marco Huamán que ponga fin a la investigación que se realizaba al hijo de Sánchez Velarde, que trabajaba en el Jurado Nacional de Elecciones (JNJ).

Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, liderada por legisladora Lady Camones (APP).

Una vez más la salud mental, dentro de nuestro país, es un tema que debería de enfocarse con mayor atención. Luis Ricardo López Bastidas, regidor distrital de El Tambo, provincia de Huancayo, ha sido denunciado por presuntamente acosar sexualmente una menor de tan solo 13 años, haciéndose pasar por un muchacho de su misma edad en el Facebook. El regidor, que en realidad tiene 26 años, según denuncia presentada por la madre de la menor, la chantajeaba para no exponer fotos de contenido sexual que le habría proporcionado la menor.

El comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP) Frank Muñóz sostuvo que el hecho se inició el pasado 1 de abril cuando a través de un falso perfil de la red social Facebook, el individuo contactó a la menor haciéndole creer que esta conversaba con un adolescente que estaba interesado en ella.

Ingenuamente, la escolar le otorgó su número celular y mediante mensajes de WhatsApp l concejal tambino le insistió para que le envíe fotos de sus partes íntimas. Tras obtener el contenido sexual, el sujeto comenzó a chantajearla con difundir las imágenes si ella no accedía a un encuentro sexual.

Luego que cediera a los chantajes del regidor y al verlo por primera vez en persona, descubrió que se trataba de un hombre mayor. Durante este encuentro la menor fue víctima de tocamientos indebidos. Según la denuncia, la víctima huyó y puso a su madre al tanto de este hecho.

Luego que la progenitora llegara a la comisaría con las pruebas del hecho, las autoridades idearon un plan para capturar al regidor. Para ello, se usó el celular de la víctima para pactar un falso segundo encuentro.

El regidor fue detenido por el presunto delito contra la libertad en la modalidad de proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales.

Al respecto, el juez especializado Guillermo Huamán Vargas, en entrevista concedida a la Agencia Andina, advirtió que el delito que involucra la modalidad de grooming tiene penas de hasta ocho años de prisión.

La pena mencionada, aunque no está contemplada en el Código Penal, está detallada en una normativa específica que hace referencia al artículo 5 de la Ley 30096. Esta ley aborda de manera específica las proposiciones de índole sexual dirigidas a niños, niñas y adolescentes a través de medios tecnológicos.

“El grooming se da cuando algunas personas, que fingen ser menores de edad, buscan a través de las redes sociales ganarse la confianza de otros menores y mediante engaños o amenazas obtienen imágenes de contenido sexual, ya sea para difundirlos o comercializarlos a organizaciones comerciales vinculadas a la pedofilia y tráfico de menores”, explicó el magistrado.

Cabe mencionar que el grooming no solo implica la obtención de imágenes para fines comerciales sino también el uso de estas para chantajes de encuentros donde la persona adulta busca el abuso sexual contra la víctima.

Otro hecho lamentable que involucra nuevamente a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en actos contrarios a la buena moral y el respecto a su institución. Cinco sujetos, entre ellos tres agentes de la PNP protagonizaron un bochornoso incidente en el balneario de Cerro Azul, en la provincia de Cañete. Los malos efectivos vestidos de civiles y en aparente estado de ebriedad apuntaron con sus armas de reglamento a un grupo de personas sin medir las consecuencias, realizando además disparos al aire en reiteradas ocasiones.

El incidente quedó registrado por la cámara del celular de los dueños de un bar. Los policías tuvieron una riña con el otro grupo al interior de ese local, mientras tomaban bebidas alcohólicas. Ya en los exteriores, la situación pasó a mayores, cuando uno de los oficiales sacó un arma y la rastrilló para apuntar directamente al cuerpo de las personas.

El la filmación se observa a uno de los sujetos armados tambalearse y perder el equilibrio al chocar con una banca de cemento.

“¿Te puedes calmar? Hey, guarda eso (el arma). Mira cómo se cae, está todo mareado”, se escucha decir a la dueña del bar.

En el video también se oye a los presentes referirse a los sujetos armados como “policías” y “malos efectivos”. En su defensa, los oficiales aseguraron que alguno de los integrantes del otro grupo le intentó robar la pistola.

“¿Por qué hablas así? ¿Quién ha querido robarte? Tú eres el primero que está sacando el arma. Tú estabas tomando en mi bar y te has acercado a ellos. Acá hay cámaras, ¿quién ha jalado ‘fierro’? Cuando tú eres el que ha sacado ‘fierro”, les reclamó la dueña del establecimiento.

Entre los insultos y forcejeos de ambos lados, los supuestos efectivos dijeron pertenecer a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), que se encuentra ubicada en la avenida España, en Lima Metropolitana.

Una de las personas que sostiene el celular para grabar en todo momento también les reprocha a los supuestos policías que “no saben tomar” y les advierte que subirá el video a las redes sociales para mostrar su irresponsabilidad al disparar al aire y apuntar al cuerpo en medio de la gresca.

Los tres intervenidos son: suboficial de tercera Iván Tarrillo Segura, el suboficial de tercera Josué Burgos Saavedra y el suboficial de tercera Christian Huayanay Chamorro.